Los trabajos de apuntalamiento de dos edificios del Carmel, colindantes con los tres que se tienen que derribar como consecuencia del socavón, se iniciaron ayer por orden judicial ante la negativa de las 11 familias a autorizar la entrada para reforzar las viviendas. Un informe técnico alertaba del peligro de hundimiento y la Generalitat pidió un mandato judicial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de marzo de 2005