Cuando leí las primeras noticias sobre el hundimiento del túnel del metro en construcción en el barrio del Carmel de Barcelona, mi tendencia natural al optimismo me llevó a pensar que, más allá del dolor de los afectados y de la marejada política que se levantaría, esa desgracia serviría para poner remedio a unas prácticas lamentables en la contratación pública -y, a menudo, también privada- en este país.
Me equivoqué. El componente político ha sido el dominante en esta crisis. Se han discutido también las responsabilidades técnicas y económicas, vinculadas ambas a las políticas: quién había autorizado qué cambios en el proyecto, con qué informes técnicos se contaba, quién había supervisado o dejado de supervisar la marcha diaria de las obras... Asuntos todos ellos muy importantes, pero que olvidan, me parece, un problema que subyace en todo el sistema de licitación y contratación de las obras y contratos públicos en este país: el predominio del componente económico.
Hay que cambiar la forma de hacer las cosas para evitar incentivos perversos y fomentar conductas acordes con el interés de la sociedad
Más o menos, y en lenguaje no técnico, la cosa funciona así. La Administración responsable, directamente o a través de una empresa con la que contrata esa tarea, elabora el proyecto -habitualmente no muy completo- y la valoración de su coste. Sobre esa base, los distintos contratistas presentan sus propuestas. El criterio de decisión es, con demasiada frecuencia, el económico: se concede el contrato a aquel que haya ofrecido ejecutar la obra o prestar el servicio al coste más bajo. Esto permite a la Administración anunciar que cumple sus objetivos presupuestarios, y que está administrando con eficiencia los dineros de sus ciudadanos.
La fuerte competencia suele llevar a ofertas bastante por debajo del precio oficial de partida. Los del sector saben que ese precio no es viable. Pero como todos compiten a la baja, y el criterio de concesión será el del precio más bajo, no queda otro remedio que entrar en ese juego.
Luego irán apareciendo las consecuencias. El proyecto debe ir adaptándose a los cambios en las circunstancias, con el visto bueno del constructor y de la Administración que concedió la obra. Esas adaptaciones son, a veces, un procedimiento para adaptar el coste real del proyecto al precio licitado. Ya se cuenta con ello: porque no se previeron todas las incidencias (aunque algunas quizá eran previsibles, pero esto habría encarecido el estudio previo y quizá elevado el coste total de la obra). En todo caso, había que dejar alguna salida a la empresa que ofreció precios demasiado bajos, ya que todos sabían que eran demasiado bajos.
Y si no son los precios los que se ajustan, será la calidad la que estará en peligro. Si la empresa es seria -y la mayoría lo son-, no jugará con la calidad en aspectos esenciales, aunque a veces se pondrá en el límite entre lo que es una calidad aceptable y lo que no lo es, o lo que es una seguridad suficiente y lo que no lo es.
En definitiva, el sistema de licitación y contratación se presta a crear incentivos perversos. A la Administración, para reducir el coste inicial de las obras, a menudo a cambio de un mayor coste final, de una menor transparencia en los contratos y en su ejecución, y del riesgo de una pérdida de calidad y seguridad, que la Administración espera controlar con la ayuda de sus técnicos y con la presión de las sanciones contra las empresas incumplidoras. Y a las empresas que, si quieren jugar en el terreno de las obras y contratos públicos, deben afinar sus márgenes y quizá arriesgar la calidad y la seguridad en su trabajo.
Afortunadamente, la mayoría de las veces no pasa nada: la obra se acaba, más tarde de lo esperado, con un coste mayor, con una calidad suficiente y sin grandes accidentes o contratiempos para la constructora, para sus trabajadores y para los ciudadanos. El día de la inauguración, todos sonríen. El sistema funciona: ¿para qué cambiarlo?
Son accidentes como los del Carmel los que nos deben llevar a recapacitar sobre los defectos del sistema. El problema del 3% es grave, y habrá que hacerle frente; pero es otro problema: el de la financiación de los partidos, y el del abuso de las obras y contratos públicos como fuente de corrupción. Lo que aquí me ha ocupado es el de un sistema de licitación y contratación que evidencia fallos graves en la Administración y en las empresas.
Pero cambiarlo no es fácil. Supone, en primer lugar, cambiar las actitudes, motivaciones y capacidades de la Administración, su manera de licitar, los criterios con los que se decide conceder la obra a un contratista o proveedor o a otro, cómo supervisa la marcha de la obra y cómo autoriza los cambios en el proyecto. Y otro tanto debe ocurrir en las empresas contratistas y subcontratistas, en sus técnicos y directivos. Hay que cambiar la manera de hacer las cosas, para evitar incentivos perversos, y para fomentar las conductas más acordes con el interés de la sociedad, de los usuarios y de los que pagamos los impuestos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de marzo de 2005