Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), la subdelegación del Gobierno, la Junta y la Diputación gaditana, el Ayuntamiento de Puerto Real y todos los partidos saltaron ayer como un resorte para criticar la decisión de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, de inundar 407 de las 527 hectáreas del municipio de Puerto Real donde la Consejería de Obras Públicas y Transportes tenía previsto crear un polígono industrial, empresarial, comercial, portuario y recreativo.
Todos estos colectivos instaron a Costas a reconsiderar su postura porque impediría la construcción de la nueva área industrial que estaba predestinada para convertirse en "el auténtico motor económico" de la Bahía de Cádiz, donde residen 700.000 habitantes.
La Junta anunció hace tres meses sus planes sobre la zona conocida como Las Aletas, una antigua marisma desecada de 527 hectáreas. La intención del Gobierno andaluz era que las obras comenzaran a finales de este año y que la Junta gestionase directamente el polígono y no el municipio de Puerto Real porque, según explicó la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, "se trata de un proyecto supramunicipal y no local, que implicará y beneficiará a todos las poblaciones de la Bahía de Cádiz".
Sin embargo, Costas no admite el 77 % de esta zona industrial al querer reinundar y no desafectar 407 hectáreas, según adelantó ayer Diario de Cádiz. Los primeros en cuestionar esta actuación fueron los agentes sociales. El presidente de la CEC, Miguel González, mostró su "rechazo, condena e indignación" por una decisión que tildó de "insulto y agravio" para los empresarios gaditanos que han sido convocados en varias ocasiones para diseñar el futuro polígono. Los sindicatos también exigieron "que se cumpla el compromiso de todas las administraciones para desarrollar Las Aletas". "El empleo en la Bahía de Cádiz necesita urgentemente inversiones para su futuro industrial", pidieron Manuel Ruiz y Pedro Custodio, secretarios provinciales de CC OO y UGT.
En esta misma línea crítica se manifestaron el subdelegado del Gobienro, Sebastián Saucedo; el delegado de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, y el presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, todos del PSOE. El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, de IU, se mostró convencido que "si hay voluntad política", estos suelos podrán ser desafectados porque "hay posibilidades legales para ello".
El PP de Cádiz acusó al Gobierno central de "dar una bofetada" a un ayuntamiento que no es gobernado por el PSOE. "La paralización de Las Aletas confirma el sectarismo de un partido que pone piedras al desarrollo si hay alcaldes que no son socialistas", denunció José Loaiza, vicesecretario de del PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de marzo de 2005