Desde refinerías de petróleo hasta granjas de gallinas. A partir del 1 de enero de 2007, todas las actividades contaminantes, independientemente del sector de donde procedan, "estarán reguladas bajo un mismo estatuto ambiental", anunció ayer la directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, María Comellas.
"Lo que se pretende es facilitar a las empresas el cumplimiento de las obligaciones ambientales", establecidas en la ley de 1998, "simplificando todos los procesos burocráticos", señaló. Para ello, elaborarán un censo "de actividades con incidencia ambiental que se irá actualizando de forma permanente".
Las empresas que todavía no se han adecuado a esta ley son unas 40.000. Para evitar ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros, todas ellas se tendrán que someter a "una evaluación de carácter general que demuestre el cumplimiento de la legislación ambiental", explicó. De esta forma, una vez verificadas, estas empresas se unirán al resto de actividades contaminantes creadas a partir de 1999, que están reguladas desde su nacimiento. Las que no se vean capaces de cumplir lo exigido podrán solicitar una moratoria de dos años, siempre y cuando "presenten un programa planificado para resolver el incumplimiento".
Para llevar a cabo este proceso, las empresas que tienen que ser evaluadas se han dividido en función de su grado de contaminación. Las que más degradan el medio, como las instalaciones químicas, serán competencia directa de la Generalitat, mientras que las que menos, como un pequeño negocio de barrio, estarán controladas por los propios ayuntamientos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de marzo de 2005