La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en su afán por desmarcarse en la medida de lo posible de la Ley de Calidad de la Enseñanza, obligó el pasado curso a los profesores de Educación Secundaria Obligatoria a realizar las pruebas extraordinarias en el mes de junio. Semejante despropósito, que incluía la redacción de un plan de recuperación con objetivos, contenidos y actividades que el alumno debía realizar en una semana para recuperar lo que no había hecho durante todo un curso, provocó tal cantidad de reacciones y protestas que la Consejería ha dado un paso atrás y este año permite realizar las pruebas en septiembre.
Lo curioso es que, en su afán por "sostenella y no enmendalla", la Consejería sigue manteniendo que la fecha idónea para celebrar las pruebas es junio y, sin explicar claramente sus razones, se permite el lujo de expresar su opinión en la propia orden en la que autoriza a los Consejos Escolares a acordar que lo hagan en septiembre.
Suponemos que la novedad estilística de introducir la opinión del legislador en los textos legales será producto de la modernización de nuestra Andalucía imparable, pues hasta ahora las opiniones se reservaban a los editoriales de los periódicos o a las tertulias radiofónicas.
Sin embargo, bromas aparte, mucho nos tememos que esa intromisión deje indefensos a los Consejos Escolares ante las protestas que puedan surgir por parte de los padres de alumnos que compartan la opinión de la Consejería. Sería de desear que, para una ocasión en que se da autonomía a los centros para tomar una decisión de cierta trascendencia, no se contamine su libertad con ordenanzas sesgadas y tendenciosas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de abril de 2005