Tiene el Partido Popular (PP), esta semana, una excelente oportunidad de aplicar lo que predica en su lucha contra la corrupción en el pleno del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Presidido por la alcaldesa de la ciudad, la popular Teófila Martínez, se someterá a debate la posibilidad de iniciar acciones legales contra los anteriores delegados estatales del recinto fiscal, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ambos nombrados en su día por el Gobierno de José María Aznar.
La gestión que llevaron a cabo en este organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, está plagada de anomalías e irregularidades, tal y como ha detectado el Tribunal de Cuentas. Ya no estamos ante conjeturas, especulaciones o campañas mediáticas. Son hechos concretos que han supuesto, en algunos de los casos, mermas importantes en las arcas del Estado, tal y como se puso de manifiesto cuando se presentó el informe de dicho tribunal en el Congreso de los Diputados, y que, por cierto, contó con la abstención del PP.
Así que, lejos de eludir responsabilidades, bien harían, para ser coherentes con lo que pregonan para los demás, que se pusieran al frente de la manifestación, dejando de amparar actitudes y comportamientos bajo sospecha y sumándose así a la tarea de hacer aflorar toda la porquería que se haya podido acumular en la Zona Franca.
Deben ser los primeros interesados porque, de esta forma, entre otras cosas, se disiparían las hipótesis que manejan los más osados que ven en este asunto una presunta financiación ilegal del PP. Será difícil que, al final, se produzca este cambio súbito en el partido de Javier Arenas y menos en el momento en el que los populares pisarán el acelerador en su estrategia de acoso y derribo contra los socialistas.
La fiscalía ya investiga
Acudirán a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue el caso de las facturas falsas detectado en el Ayuntamiento de Sevilla y del que culpan directamente a su alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, del PSOE. Su afán pasa, además, por involucrar en este escándalo al presidente de la Junta, Manuel Chaves.
Miren por dónde el destino ha querido que los populares redescubran a la Fiscalía Anticorrupción ahora que están en la oposición, ya que cuando gobernaban tenían planes para hacer desaparecer esta figura. Por lo menos sirve para hacerse la foto y más en esta ocasión, ya que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, mantiene abierta una investigación por este hechos a raíz de una denuncia del Partido Andalucista, y que sumó a otra presentada, posteriormente, por el propio alcalde hispalense.
Chaves y Maragall
Pero, en medio de tanto ruido como generan estos escándalos, comenzará a abrirse paso, y cada día con más intensidad, el llamado debate territorial. Este fin de semana hemos podido comprobar que se trata de una cuestión de dos, Manuel Chaves y Pascual Maragall. El duelo dialéctico al que hemos asistido este domingo en los medios de comunicación puede pasar ya a otros ámbitos. Se mantienen posiciones bien distantes. El presidente andaluz sigue insistiendo en que la financiación no debería abordarse en la reforma de los estatutos y advierte, en declaraciones a La Vanguardia, que los cambios se han de hacer "sin teatro y sin victimismos". El guante lo recoge Maragall quien, en otra entrevista publicada en EL PAÍS, deja entrever una especial preocupación por lo que piensan tanto Chaves como el PSOE andaluz en relación con este asunto.
Así las cosas, aquí el plan de reforma sigue su curso y, tal como avanza el propio presidente Chaves, se está en condiciones de cumplir el calendario previsto, algo que no resulta tan cierto en Cataluña tras la crisis de El Carmel.
La prueba está en que este jueves se contempla que los grupos aprueben el calendario para el borrador del Estatuto de Autonomía, de tal modo que, si se cumplen los planes, en los primeros meses de 2006 podría estar aprobado el texto "hagan lo que hagan los demás", dice el presidente andaluz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de abril de 2005