El Gobierno de Uruguay estudia exigir una indemnización a la empresa del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia que desde 2000 gestiona el saneamiento y abastecimiento de agua en la zona más turística del país suramericano. La pretensión uruguaya chocaría con los planes de la entidad, que desde hace dos años intenta vender su inversión y ha pedido una indemnización de más de 14 millones por rescindir el contrato. El gerente del consorcio, Pedro Barreiro, afirma que no han recibido ninguna comunicación del Gobierno uruguayo y que el asunto "todavía está en debate".
La salida de la polémica aventura americana del Consorcio (encargado de la gestión del agua de 54 municipios vizcaínos, el 90% de la población de este territorio y casi la mitad de Euskadi) se está complicando. La entidad desembarcó en 1999 en Argentina y Uruguay para encargarse del saneamiento y abastecimiento de 1,7 millones de personas en Buenos Aires y de otros 375.000 residentes en la las regiones uruguayas de Punta del Este, Maldonado y Piriápolis. En Argentina tiene el 3,3% de la sociedad formada para este servicio y en Uruguay alcanza el 13% de la empresa Uragua, integrada también por Iberdrola (49%), BBK (25%) y la SPRI (13%).
Los problemas surgieron con la crisis económica en Uruguay en 2002 y la devaluación del peso, porque Uragua abonaba al Gobierno un canon mensual superior al medio millón de euros pero cobraba a los usuarios en la moneda uruguaya. En 2003 los socios decidieron iniciar las negociaciones para la venta de esta inversión.
La salida de Uragua parecía allanarse el pasado octubre, cuando, en coincidencia con las elecciones uruguayas, se aprobó un referéndum para que los servicios públicos como el agua no fueran gestionados por empresas privadas. Una medida que evitaba la venta a otra firma y proporcionaba una salida menos problemática. La compañía vasca envió un escrito a la Administración uruguaya, el pasado 8 de noviembre, en la que pedía la "extinción de pleno derecho" del contrato de concesión suscrito en 2000 por 30 años.
Uragua solicitó la cancelación en un plazo de diez días pero el Gobierno suramericano decidió que durante un periodo transitorio, sin ninguna fecha definida, mantenga el servicio.
A principios de mes, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez confirmó que la empresa vasca había solicitado una indemnización de 14 millones de euros por la pérdida de la concesión pero advirtió que se iba a estudiar el servicio prestado. Al principio de la concesión, Uragua no ofreció agua durante 72 horas en plena época turística y se enfrentó a una alerta sanitaria que llevó a las autoridades a recomendar que se hirviera el agua.
Incumplimiento de contrato
Un informe técnico de la administración uruguaya ha constado que la empresa vasca ha incumplido el contrato, fundamentalmente en la ejecución de obras de saneamiento a partir de la crisis de 2002. "Por su cuenta deja de invertir en obras de saneamiento", ha afirmado el alto cargo uruguayo Jaime Igorra. Los servicios jurídicos estudian ahora este informe y la posible imposición de una multa.
Esta decisión abortaría la pretensión de la firma del consorcio de conseguir una indemnización por su retirada de Uruguay y obligaría a retomar las negociaciones para la venta de Uragua, que hasta ahora no habían encontrado ningún comprador.
El gerente del Consorcio Bilbao-Bizkaia, Pedro Barreiro, afirmó a este diario desconocer la pretensión de Uruguay de imponer una multa. "No tenemos informaciones concretas. No ha habido comunicaciones oficiales ni extraoficiales", dijo Barreiro, quien añadió que los contactos de Uragua con la Administración de ese país son "permanentes".
Aseguró que el referéndum sobre los servicios públicos les coloca "en una situación de alegalidad" y que están a la espera de la decisión que adopte el Gobierno. "Es un asunto que todavía está a debate en Uruguay".
Barreiro no quiso confirmar la petición de 14 millones de indemnización por parte del consorcio y reiteró el "compromiso de discreción" adoptado con las autoridades uruguayas en relación a este asunto.
En la última asamblea del consorcio, en diciembre, el presidente Ibon Areso aseguró que buscarán "una negociación dulce" con la administración uruguaya "que facilite el acuerdo", pero no descartó un recurso judicial si no se "recupera el capital invertido". Por ahora, Uragua sigue prestando los servicios de abastecimiento y saneamiento en la zona turística de Uruguay.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de abril de 2005