La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), expresó ayer sus dudas de que los hechos denunciados en el hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) "sean ciertos". En una entrevista concedida ayer a la cadena SER, añadió que son los médicos los que tienen que decir si la denuncia "tiene visos de realidad", algo que ella pone en duda porque, de ser ciertos, los hechos (la sedación irregular a pacientes terminales) "serían muy graves".
Aguirre afirmó que el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y ella misma se podían "haber equivocado" en la gestión de la crisis del hospital. "Pero esta equivocación es revisable", añadió, en referencia a las destituciones del gerente, del director médico y del coordinador de urgencias. "En el momento en que esto se aclare, estos profesionales podrían volver", afirmó Aguirre.
La crisis comenzó el 8 de marzo, cuando la presidenta de una asociación de pacientes llevó al consejero de Sanidad una denuncia que había recibido contra el coordinador de urgencias del Severo Ochoa. En ella le acusaba de haber practicado supuestamente 400 homicidios de enfermos terminales mediante una mala aplicación de la sedación paliativa. Esta práctica, legal y aceptada por las asociaciones médicas, consiste en suministrar fármacos a enfermos terminales para aliviarles el dolor y la angustia, aun a costa de acortar su vida.
"Irregularidades"
El consejero transmitió a la fiscalía la denuncia e inició una investigación propia. El día 10 se decidió el relevo temporal del coordinador de urgencias. El 22, un primer informe elaborado por los técnicos de la consejería a partir de las actas de la comisión de mortalidad y la de seguimiento de los cuidados paliativos detectó numerosas "irregularidades administrativas", dijo Lamela. Fruto de esta investigación fue el relevo definitivo del jefe de urgencias y la destitución de la cúpula del hospital.
La actuación de la consejería ha sido duramente contestada por los trabajadores del hospital y los grupos de la oposición. El viernes el centro vivió una jornada de huelga. Por la tarde más de 10.000 personas se manifestaron en defensa del hospital y por la restitución del coordinador de urgencias. Lamela ha dicho que no está dispuesto a atender esta última reclamación porque se trata de un puesto de confianza.
Rafael Simancas, del PSOE, calificó las palabras de Aguirre de "amago de rectificación", y las atribuyó a que era "consciente de que el deterioro causado por su gestión le estaba suponiendo un coste político". "Primero estábamos ante 400 casos de presunto homicidio, luego se habló de mala administración de fármacos, con posterioridad de irregularidades administrativas y hoy parece que empiezan a admitir que podrían haber cometido un error", comentó Simancas, que pidió una "rectificación total".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de abril de 2005