El Juzgado de Primera Instancia 4 de Huelva dictó ayer un auto en el que decreta la suspensión cautelar del congreso provincial del PA onubense, que se iba a celebrar mañana, por considerar que se vulneran los derechos de los militantes. La dirección andalucista de Huelva interpuso el pasado martes una demanda, que el juez ha estimado.
El secretario provincial del PA de Huelva, Miguel Romero, mantiene un duro pulso político contra Julián Álvarez, secretario general andalucista. Miguel Romero es un político afín a Antonio Ortega, ex secretario general.
El auto argumenta que "es evidente que la celebración del Congreso frustraría la tutela judicial pretendida en la demanda, dado que los derechos de los que la interponen y del resto a los que representan se verían conculcados. En cambio, el retraso en la celebración del Congreso, una vez concluya el presente procedimiento, no supondría perjuicio alguno".
La dirección del PA de Huelva detectó que en el censo aprobado por la ejecutiva nacional, con fecha de 28 de febrero, el número de militantes en la provincia onubense crecía en 600 personas en su solo mes, sobre todo en localidades de políticos afines a Julián Álvarez, como Lepe y Moguer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de abril de 2005