Convergència i Unió (CiU) gobernó Cataluña durante 23 años y en ningún momento de este larguísimo periodo hizo ningún esfuerzo para reformar el Estatut. Ahora, reconvertidos en furibundos reformistas gracias a los saneados aires que se respiran en la oposición, se declaran los más convencidos de la necesidad de un nuevo Estatut, del que, por supuesto, pretenden ser el único y autorizado motor.
Lo mismo ocurre con el sistema de financiación, negociado durante tantas legislaturas por sus gobiernos, y vendido sistemáticamente a la ciudadanía como constantes éxitos frente a los gobiernos centrales. Con la llegada del Gobierno tripartito se está trabajando en serio para lograr estas necesarias reformas. Sin embargo, CiU pretende subirse a la cresta de la ola de la reforma reclamando, de acuerdo con su autoproclamada calidad política y amnésicos, al parecer, de los tiempos pasados, su liderazgo para alcanzar tan deseado proyecto.
Llama la atención ver la cantidad de problemas y pretextos que CiU interpone, por lo que es fácil pensar que quizá no estén tan por la labor de alcanzar esos objetivos políticos, o no, al menos, de la mano de un Gobierno en el que no participan y, para ello, cualquier pretexto es bueno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de abril de 2005