Sería noticia que, entre tanta basura acusica y victimista como llena la escena política valenciana, fuera capaz de emerger la rara flor de la negociación. Tras un episodio más bien incongruente en la ponencia parlamentaria a propósito de lo que el PP estaba dispuesto a aceptar en materia de comarcalización, episodio que ha revelado el peso intocable del caciquismo provincial, ha salido a la palestra el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, para poner sobre la mesa las cartas que sitúan a los populares ante un dilema fundamental. Digo a los populares porque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hace de mascarón de su partido en el debate territorial. Ha venido a plantear el dirigente socialista, quien perfiló sin duda con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una reciente entrevista su posición, que habrá pacto para reformar el Estatut d'Autonomia si Camps acepta la creación de una agencia tributaria valenciana, que gestione impuestos propios, cedidos y compartidos y se coordine con la agencia estatal. En pocas palabras, Zapatero emplaza al jefe de la oposición, Mariano Rajoy, a través de la negociación del estatuto valenciano, a aceptar la "horma federal" en la reforma de la España autonómica. Dicho de otra manera, si los populares asumen una pieza maestra de cualquier estructura federal como la descentralización de la gestión tributaria, el Estatut valenciano entrará primero en el Congreso. Si no, tendrá que esperar a que se tramiten los estatutos andaluz y catalán. La cuestión es clave para encajar el modelo de Estado que propugna el presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, bajo la idea de la España plural. Al fin y al cabo, el régimen competencial, la organización de la justicia, las políticas de inmigración, la organización territorial interna y el régimen electoral son los aspectos sobre los que giran las reformas estatutarias. La propuesta catalana fue recibida de uñas por el PP porque plantea la agencia tributaria propia, la participación en la Unión Europea y nuevas competencias para el Tribunal Superior de Justicia, mientras Zapatero insiste en que se trata de medidas aplicables a todas las comunidades. La vía valenciana puede abrir ya el juego. O no. Ésa es la cuestión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de abril de 2005