Todos contentos. La apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea contra España, y en concreto contra la Generalitat, por la falta de transpariencia y arbitrariedad en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) gustó a todos los partidos políticos, que evitaron la autocrítica.
Rafael Blasco, consejero de Territorio y Vivienda, del PP, anunció que la reforma de la legislación urbanística valenciana "superará las deficiencias de la aplicación y la ejecución de la LRAU". El consejero alardeó de que el Consell "participa y comparte muchas de las críticas" que está obteniendo esta ley aprobada por "un gobierno socialista anterior".
El secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, hizo una lectura bien distinta al declarar que la apertura de un expediente sancionador en Bruselas revela que el Consell, que preside Francisco Camps, "consiente" que la Comunidad Valenciana "sea el paraíso del pelotazo urbanístico". Para los socialistas la advertencia de la Comisión Europea requiere que Camps "controle" al consejero Blasco "y que no consienta los continúos desmanes que se están produciendo en este asunto". El representante del PSPV dijo que la LRAU "no es más que una herramienta, de cuyos efectos sólo es responsable quien la maneja en estos casos el PP".
Para Esquerra Unida era "absolutamente normal y esperado" este expediente, según su portavoz Joan Antonio Oltra, quien considera que esta decisión confirma que es "necesario" cambiar la legislación y "evitar que continúe la barbarie". Pero además acusó al PP de "mantener deliberadamente la ley en vigor, a pesar de la necesidad de cambios, ya que sirve a los intereses especulativos". Oltra reclamó una nueva ley "que corrija los excesos" y deslizó que "el PP que está muy cómodo con la actual situación". El arquitecto Gerardo Roger, por su parte, dijo ayer que Bruselas "no cuestiona la figura del agente urbanizador".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de abril de 2005