Las estadísticas de siniestralidad laboral en Andalucía comienzan a convertirse en insoportables. En los tres meses y medio que han transcurrido desde el pasado 1 de enero, 26 personas han muerto en su lugar de trabajo. El repunte de los accidentes mortales se ha intensificado en los últimos siete días con cinco fallecimientos, dos de ellos en la provincia de Granada.
EL PAÍS ha acompañado a varios expertos sindicales en prevención de riesgos en sus recorridos para controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad prescritas por la ley. En Granada, Málaga y Sevilla, no hace falta buscar mucho para encontrarse con flagrantes situaciones de peligro para la vida de los trabajadores.
La situación es casi idéntica en los itinerarios realizados. Los sindicalistas detectan las irregularidades -obreros si casco, guantes o arnés que trabajan en andamios no homologados y sin barandilla-, lo ponen en conocimiento de los encargados de las obras que se quejan de que son los propios trabajadores los que no se lo quieren poner. Los miembros de los sindicatos suelen recordar que la seguridad en la obra es competencia de la empresa y que el convenio colectivo de la construcción y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales les permiten suspender de empleo y sueldo a los obreros si no se protegen. "¿Si despido a mis obreros, que son muy buenos, ¿quién me hace a mí la obra?", es la respuesta más escuchada ante las advertencias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de abril de 2005