Algo malo tendrá el internacionalismo lingüístico cuando, uno tras otro, los que considero sus principales adalides se apresuran a desmarcarse de él. Primero fue Juan Ramón Lodares (epd) (El internacionalismo lingüístico, 2-4-2005), y ahora le llega el turno a Félix Ovejero (¿Internacionalismo lingüístico?, 12-4-2005). En lugar de discutir sobre mi capacidad para entender textos sencillos, o si me he enterado o no de lo que dice Dworkin (un autor que al lector medio de EL PAÍS difícilmente le sonará familiar), me habría parecido más provechoso que Ovejero explicara a los lectores de este periódico cuáles son los postulados del internacionalismo lingüístico que no comparte. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo con él cuando sostiene que "los procesos de extensión de las lenguas resultan condenables cuando no respetan los derechos de los individuos". Por eso estoy relativamente tranquilo con las políticas lingüísticas de la Generalitat de Cataluña, que satisfacen con holgura nuestros principios constitucionales, y sin embargo me incomoda que el presidente del Congreso de los Diputados prohíba a determinadas señorías que se expresen en su lengua. Ovejero me replicará que en el Parlament de Cataluña también está prohibido hablar en castellano. Si lo dice, mentirá simplemente.
La diferencia entre el Parlament de Cataluña y el Congreso de los Diputados es clara: el Parlament funciona en catalán gracias al consenso entre todos los grupos parlamentarios, como parte de una política de protección de una lengua que se halla en inferioridad manifiesta de condiciones en el conjunto de la sociedad. Y, en cualquier caso, el día que alguna señoría decida hablar en castellano el presidente de la Cámara no podrá retirarle la palabra. En cambio, el Congreso funciona exclusivamente en castellano de acuerdo con otra lógica, que es precisamente la que habrá que cambiar si lo de la España plural va en serio y el criterio de la diversidad prevalece sobre el internacionalismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de abril de 2005