La Consejería de Territorio y Vivienda orientó ayer a los concejales populares de Riba-roja sobre cómo presentar el Plan de Actuación Integral (PAI) de Porxinos. "La posición de árbitro del Consell se ha afianzado", afirmó ayer el consejero Rafael Blasco. El Ayuntamiento de Riba-roja y el Valencia CF negocian a marchas forzadas desde hace unos días para tener el PAI listo antes del lunes, cuando vence la opción de compra que tiene el club de Mestalla sobre los terrenos del valle, donde, si prospera el proyecto, se construiría una ciudad deportiva y 3.000 viviendas.
Riba-roja le exige al Valencia seis millones más y mayor superficie para dotaciones
La operación ha sufrido un retroceso en los últimos días debido a las exigencias del Ayuntamiento de Riba-roja, que pretende sacar mayor rendimiento de una operación urbanística que afecta a millón y medio de metros cuadrados ubicados entre el paraje natural de Les Rodanes (Vilamarxant) y el monte de El Frare. Con este plan, el Valencia proyecta enjugar su deuda de 120 millones de euros.
"Pedimos seis millones más de lo que nos ofrece el Valencia", afirmó ayer a este diario el alcalde popular de Riba-roja, Francisco Tarazona; "esta cantidad iría destinada a construir la línea del metro desde Riba-roja hacia el aeropuerto. Los promotores van a ganar mucho dinero y no creo que nuestras demandas sean exageradas". Además, el ayuntamiento exige 60.000 metros cuadrados de suelo para dotaciones, 20.000 más de lo que le corresponde por ley, y que el coste de los viales de conexión sea asumido por la empresa promotora.
La intención de todas las partes es cerrar el acuerdo hoy, entre otras cosas porque el lunes vence la opción de compra del Valencia sobre los terrenos de la partida de Porxinos. Si no fuera así, el club de Mestalla perdería 3,6 millones de euros, el 10% de los 36 millones que Soler se comprometió a pagar a los propietarios. Pero, además, el Valencia tiene prisa: quiere incluir los beneficios de la operación en el balance de la presente campaña para presentar unas cuentas saneadas.
"Estamos asesorando al Ayuntamiento y al Valencia para que cuando nos llegue el proyecto no tengamos que devolverlo", aseguró ayer el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco: "Nuestra opinión es determinante para que el plan llegue a buen puerto". Blasco ya invitó hace unos días a Tarazona y Soler a que presentaran un PAI "claro y consensuado". Pero en vista de las diferencias que mantienen las principales partes implicadas, la Consejería ha decidido supervisar la operación.
Entretanto, Els Verdes denunció ayer que el PAI afecta al barranco de Porxinos, protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "Dudo mucho", considera el portavoz de Els Verdes, Rubén Ferrer, "que la Confederación Hidrográfica del Júcar permita esta aberración. Nos quejamos de inundaciones y en los meses que no llueve nos dedicamos a construir en los barrancos. El edificar la ciudad deportiva del Valencia en un barranco, además de ser una temeridad, supone una agresión medioambiental más a añadir a la colección de agresiones que estamos recopilando en las alegaciones al PAI". Ferrer advierte de las "posibles" consecuencias que podría tener esta actuación: "Podrán hacernos más o menos caso en otras alegaciones medioambientales, pero como no atiendan a ésta, al final las aguas nos darán la razón y dejarán todo en su sitio".
El alcalde de Riba-roja, por su parte, admitió ayer que está dispuesto a "sacar" su parcela del PAI para que éste sea aprobado. De no hacerlo, podría incurrir en una ilegalidad, según la normativa vigente. "Sé", afirmó ayer, "que una parte de mi parcela es terreno protegido. Si tengo que sacarla para que esto salga adelante, la saco. No tengo ningún problema".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de abril de 2005