La propuesta lanzada por la Iglesia Católica llamando a la objeción de conciencia de los funcionarios, para que se nieguen a la formalización del matrimonio entre homosexuales, ha sido apoyada por alcaldes del PP. No es suficiente con la estigmatización a que han sido sometidos los colectivos de gays y lesbianas durante años y años, en especial durante nuestra larga dictadura franquista. Pues no estaría mal que el gobierno dejara de subvencionar a la Iglesia Católica (máxime en un Estado que se declara aconfesional). Sería una forma de llamar a la objeción de conciencia gubernamental. Por lo menos que podamos también hacer objeción de conciencia la/os ciudadanas/os que consideramos que el tema de la sexualidad es una opción personal y que lo que cada una/o haga de cintura para abajo entra dentro de la privacidad siempre y cuando no suponga daño para nadie y sea de mutuo consentimiento entre adultos. ¡Ya está bien! No se han oído tan altas las voces de la Iglesia Católica en el caso de los cientos de mujeres que mueren asesinadas y que sufren malos tratos cotidianamente. Tampoco se ha oído a la Iglesia en los casos de pederastia y abusos sexuales a menores protagonizados por algunos de sus miembros. Se les oye y para mal, condenando temas como el del uso de preservativos, anticonceptivos o el aborto, condenando a una muerte segura a causa del sida a cientos de miles de personas que viven en el Tercer Mundo. Los alcaldes del PP que están a favor de esa objeción de conciencia, lo que deberían de hacer es dimitir, porque ocupan un cargo de representación delegada por todos los ciudadanos de su municipio y que yo sepa ni gays ni lesbianas viven en islas aparte.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de abril de 2005