Unas 10.000 personas mueren al año en Andalucía por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, el 20% de las muertes que se producen al año en toda España. El proyecto de Ley de Prevención del Tabaquismo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2006, afectará al 30% de la población andaluza mayor de 16 años, que es el porcentaje de adictos al tabaco. La futura ley deja en manos de las autonomías el control y vigilancia de las restricciones, entre ellas la prohibición de fumar en el trabajo, centros públicos o instalaciones deportivas cerradas.
"No es una ley para impedir nada a nadie, sino para mejorar la calidad de vida de toda la población", aseguró ayer en Jaén el diputado socialista José Pliego, uno de los ponentes de la comisión creada con ocasión del nuevo texto normativo, que la semana pasada entró en el Congreso de los Diputados y este mes de mayo afrontará su discusión entre todos los agentes sociales implicados. José Pliego recordó ayer que el documento aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de abril "es una ley de mínimos", por lo que las comunidades autónomas podrán incorporar más restricciones, deseo que ya ha expresado Cataluña. El diputado socialista por Jaén señaló al respecto que se trata de "la ley más importante que va a aprobar el Gobierno en esta legislatura", por lo que admitió que la misma "necesita el consenso político y social". A su juicio, se trata de "un cambio de filosofía" para incidir más en la prevención de enfermedades. Y es que el gasto sanitario medio por fumador asciende a 950 euros y el global de todo el Estado fue el último año de 4.200 millones de euros sólo en enfermedades relacionadas con el tabaco.
Andalucía es, tras Valencia, la segunda comunidad autónoma, en términos relativos, en consumo de tabaco, con casi 190 millones de cajetillas al año. En toda España se consumieron en 2004 más de 93.000 millones de cigarros entre una población de más de 10 millones de fumadores. La edad media de inicio está en los 17,3 años. El diputado del PSOE destacó la incorporación que se ha hecho a la ley acerca del impacto del consumo por razón de género, toda vez de que en la última década la proporción de mujeres fumadoras ha crecido un 2,8%, mientras que en los hombres ha bajado un 6,6%.
A grandes rasgos, la ley antitabaco aumenta de 16 a 18 años la edad mínima para poder comprar, prohíbe su venta en establecimientos que no sean estancos y máquinas autorizadas, prohíbe el consumo en los lugares de trabajo y en los centros públicos, sanitarios, docentes, culturales y medios de transporte. Los bares y restaurantes con una superficie superior a los 100 metros cuadrados deberán habilitar una zona para fumadores con un máximo del 30% del local. Las sanciones irán desde los 30 euros de las infracciones leves (por fumar en los lugares en que exista prohibición) a los 600.000 de las muy graves (incumplir la ley de publicidad).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de mayo de 2005