La venda antes que la herida. La Universidad de Valencia ha enviado una circular a todos sus profesores y personal de la institución en la que deja meridianamente claro que no autoriza el uso de programas P2P de intercambios de ficheros e incluye la advertencia de que es "delito" el uso de cualquier programa para copiar contenidos que estén protegidos por los derechos de autor.
La universidad ha decidido curarse en salud ante las amenazas recibidas de productoras de cine estadounidenses por el intercambio de ficheros realizado desde los ordenadores de sus redes. "No vamos a perseguir a nadie, pero queremos dejar claro a los empleados que si intercambian material es bajo su responsabilidad", explica Vicente Cerverón, vicerrector de Tecnologías de la Información de la universidad y responsable de la circular, "porque desde luego lo que se intercambia es mucho contenido protegido por la leyes de propiedad intelectual".
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No han tardado en llegar las crítica después de que la advertencia circulara por los buzones de los profesores. "Es escandaloso que un vicerrector de tecnologías haga esto", señala Jorge Cortell, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. "Una cosa es prohibir determinado uso de los programas, y otra cosa muy diferente es prohibir los programas en sí".
Cortell, que enseña propiedad intelectual y mantiene una actitud ferozmente crítica con la propiedad intelectual, arremete contra el "intento de prohibir la tecnología".
La circular enviada la semana pasada señala que la universidad "no autoriza el uso de programas peer to peer y en general de todos aquellos que puedan comportar la descarga no controlada de archivos".
El argumento para adoptar esta medida: el uso de estos programas puede "plantear riesgos de seguridad". Más inseguro es el e-mail o el chat y no los han prohibido", razona Cortell. La razón: las amenazas de productoras estadounidenses que desde hace más de un año llegan a la universidad, señala Cerverón.
España es el segundo país europeo que más uso hace de la tecnología peer to peer para el intercambio de archivos. Sin embargo, según las encuestas, no es la universidad el lugar más frecuente para la descarga de archivos, especialmente desde la popularización de las líneas ADSL y su tarifa plana.
La Universidad de Valencia no es la única institución educativa española que ha sido amenazada por empresas o asociaciones estadounidenses. Desde el año 2003 las universidades españolas han recibido correos con advertencias o amenazas de la MPAA, Asociación de productores de cine de EE UU, o la RIAA, la asociación de la industria discográfica del mismo país.
En estos correos suele identificarse a un usuario de ordenadores de la universidad por su apodo, y se solicita en términos expeditivos a la institución académica "que haga inmediatamente lo siguiente: (i) suprima el acceso a la persona que ha realizado estas conductas y (ii) tome las medidas necesarias contra el poseedor de la cuenta en función de su política de abusos".
Copiar es delito
Además de "desautorizar" el uso de las redes P2P de intercambio de archivos la circular advierte que "la utilización de cualquier tipo de programa o procedimiento para el copiado de contenidos objeto de propiedad intelectual es considerado delito", para lo cual se remite al polémico artículo 270 del Código Penal (texto reformado en 2003). "Nuestro ánimo era informar a la gente", reconoce el vicerrector de nuevas tecnologías.
La advertencia de la circular, sin embargo, omite que el artículo 270 del Código Penal español sólo califica como delito la copia de contenidos cuando se hace "con ánimo de lucro y en perjuicio de un tercero", matiz completamente omitido en el texto del mensaje de la universidad. "Puede que nos hayamos quedado cortos", reconoce el vicerrector. "Si dejamos que esto cuaje, la gente creerá que estas tecnologías son ilegales, cuando no lo son", sentencia Cortell. .
CIRCULAR: http://homepage.mac.com/jorgecortell/blogwavestudio/LH20041021114344/index.html
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de mayo de 2005