El Grupo Popular rechazó ayer en el pleno de las Cortes Valencianas las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Salud Pública que defendieron los grupos Socialista y de Esquerra Unida-L'Entesa. Ambos partidos reclamaron la devolución al Consell de un proyecto legislativo que consideran inadecuado para afrontar las necesidades de la sanidad valenciana. El consejero de Sanidad, Vicente Rambla, que presentó el proyecto de ley, explicó que se trata de la primera norma autonómica que regula de manera específica la salud pública y aseguró que con ella se crea una base jurídica consistente y un soporte para la gestión que va a dotar de mayor eficacia a la salud pública.
La ley, dijo el consejero, nace con la finalidad de disponer de un marco de referencia "sólido" en materia de salud pública, con el que se pretende promover una "mejor coordinación" entre las administraciones públicas y crear nuevas estructuras organizativas de gestión capaces de "generar respuestas más eficaces ante los nuevos problemas y ante las crisis sanitarias". Y ello, añadió, a través de la creación de tres entidades autónomas: la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública, la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria y el Centro Superior de Investigación en Salud Pública.
Rambla destaca que la norma recoge por primera vez una cartera de servicios
Rambla destacó que la ley recoge por primera vez una cartera de servicios de salud pública a los que pueden acceder los ciudadanos, retoma las competencias en sanidad ambiental y aglutina la normativa en materia de infracciones.
La Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública pretende dar respuesta a las necesidades de la población en esta materia, posibilitando una permanente adaptación a la realidad, una mejor y más ágil gestión de los recursos, una mayor participación y asunción de responsabilidades del resto de administraciones públicas, y una mayor participación de la sociedad.
Mientras, la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, que dependerá de la anterior, tiene por finalidad promover un alto nivel de seguridad alimentaria y proteger la salud de la población, como aspecto fundamental de la salud pública, con la participación activa de los agentes económicos del sector agroalimentario y los consumidores, así como coordinar el ejercicio de las competencias que en esta materia corresponden a las administraciones públicas. Por su parte, el Centro Superior de Investigación en Salud Pública ejecutará la política de la Consejería de Sanidad con relación a la investigación en materia de salud pública.
La diputada socialista Encarna Llinares pidió la retirada del texto por tres motivos: porque se ha elaborado sin consenso político y social, porque los socialistas están en "total desacuerdo" con sus contenidos, y porque su "única finalidad" es crear tres organismos autónomos para "eludir el control y endeudarse más". Llinares consideró que la ley "fracciona" los servicios de salud, no establece una estrategia global en salud pública y parece una propuesta de puestos de trabajo. El PP, dijo, ha optado por esta vía para mantener el "descontrol inmenso" de la deuda sanitaria.
Por su parte, Alfred Botella, de EU-L'Entesa, argumentó que la creación de tres organismos pretende "desviar" las inversiones de la Generalitat, para que "se siga haciendo el negocio de turno en un tema tan delicado" como es la salud pública. Con este proyecto, añadió, la consejería "se quita las responsabilidades de encima y se las traspasa a otros", aumenta la "discrecionalidad" de los organismos, "suaviza" el control por los agentes sociales, "obvia" la coordinación y "habla poco" de salud pública.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de mayo de 2005