Zapatero tratará de convencer hoy al lehendakari en funciones de que renuncie al rupturismo y se pase a la vía catalana de reforma del Estatuto. Pero coincide que esa reforma ha llegado a un punto, el de la financiación, en que puede descarrilar (o hacer descarrilar a Zapatero). El presidente del Gobierno se comprometió a aceptar cualquier propuesta que llegase del Parlamento catalán, lo que ha tenido efectos perversos: puesto que nada se va a negar, ¿por qué no pedir el máximo? ZP daba por supuesto que la reforma contaría con un amplio consenso (ya que el propio Estatut exige un respaldo mínimo de 2/3) y que, dada la posición predominante del PSC, su contenido no desbordaría los límites constitucionales. Lo primero, el consenso interno, parece garantizado, a la vista de la unanimidad que suscita la fórmula de financiación; pero ello se consigue al precio de romper el consenso externo: el que sostiene el Estado autonómico en su conjunto.
Desde el tripartito catalán se argumenta que su proyecto no establece límites a la solidaridad y que no comporta un privilegio porque podrá ser adoptado por las comunidades que lo deseen. Lo harán las que piensen que van a salir favorecidas, es decir, las que transfieren recursos financieros por vía fiscal a las demás. Nada más conocerse la propuesta, la vicepresidenta del Gobierno de Baleares, Rosa Estarás (PP), la criticó como discriminatoria; pero añadió de inmediato que si se aceptaba para Cataluña, su Gobierno "pediría las mismas condiciones". Si la fórmula propuesta supone (según el cálculo de La Vanguardia, 30-4-05) unos ingresos adicionales de 5.000 millones de euros para Cataluña, no tardarán en apuntarse las otras dos comunidades que son contribuyentes netas: Madrid, que es la que más contribuye (el 15,9% de su producto interior bruto), y Baleares (el 11,5% del suyo). Antoni Castells, consejero catalán de Economía, reconoció el viernes pasado, en el programa de Gabilondo, que lo que unas comunidades ganen con el nuevo sistema otras lo perderán. Luego en la práctica sí se establece un límite a la solidaridad por la vía de privar al Estado de los medios para ejercer su responsabilidad redistributiva, que se vería reducida casi exclusivamente a la canalizada a través de la Seguridad Social.
¿Podría un Gobierno de izquierda avalar esa reducción? ¿No asumiría un riesgo electoral desmesurado? Seguramente sí, y de ahí la reacción de varios dirigentes socialistas. También de Zapatero, aunque precisando que el momento de pronunciarse será cuando el proyecto de reforma llegue a las Cortes. Pero para entonces puede ser demasiado tarde: no sólo por su compromiso personal, sino porque sería políticamente imposible oponerse a una propuesta que llegue avalada por el 85% de los parlamentarios catalanes. El plan Ibarretxe pudo rechazarse porque su respaldo era mucho menor y porque era manifiestamente inconstitucional. Pero tampoco se puede aceptar sin más porque Baleares y Madrid irían detrás, y adiós Estado redistributivo. Luego hay que intentar un acuerdo antes de llegar al borde del abismo.
Castells argumenta que si una situación es injusta, hay que corregirla -gradualmente- con independencia de que otras comunidades salgan perdiendo. El punto de partida es, por tanto, que hay un tratamiento injusto hacia Cataluña, que ya ha provocado pérdida de posiciones de su economía. Si la clave fuera el déficit fiscal, ¿cómo explicar el dinamismo económico de Madrid, su capacidad para atraer inversiones y generar empleo, siendo así que contribuye más que cualquier otra comunidad al fondo común? Lo peor del argumento no es que asuma como verdades científicas una serie de tópicos sobre balanzas y expolios fiscales desacreditados hace muchos años; sino que actúe como coartada para no considerar otras posibles causas del declive.
Es cierto que hay problemas de financiación de servicios públicos y de inversión estatal. Pero tal vez convenga preguntarse también sobre las prioridades en el gasto, o sobre los efectos de la política lingüística, por ejemplo: ¿favorece o dificulta la atracción de talentos hacia su Universidad?; propuestas como la de exigir el doblaje de las películas al catalán, o la de que el nuevo Estatut declare obligatorio el conocimiento de esa lengua, ¿no estarán influyendo tanto o más que el déficit fiscal? ¿Ha pensado Maragall en lo que un futuro presidente independentista -pongamos, Carod Rovira- podría hacer con la definición de Cataluña como nación? Y la propuesta de reformar la financiación en el sentido de reducir la aportación al desarrollo de las regiones más atrasadas, ¿favorecerá la captación en el resto de España de ahorros que se invierten preferentemente en Cataluña?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de mayo de 2005