El Gobierno navarro realizó el pasado año cinco actuaciones contra dueños de clubes de alterne por presuntos delitos contra la Hacienda Pública que se sumaron a la única investigación de 2003 contra un propietario de prostíbulos en la comunidad foral. María Jesús Aranda, titular del Defensor del Pueblo navarro, considera "insuficiente" la presión fiscal a un sector en el que trabajan unas 700 mujeres, la mayoría inmigrantes, sin rendir cuentas de sus beneficios, cifrados en unos 222 millones de euros anuales.
Partidos como el PSN, IU, Aralar o Eusko Alkartasuna consideran que UPN no tiene "voluntad real" de perseguir fiscalmente a los proxenetas y han exigido al Ejecutivo de Miguel Sanz que aborde un plan de control tributario de estos locales.
Aranda ha elevado al Parlamento de Pamplona un informe que precisa la existencia de 37 clubes que congregan al 85% de las prostitutas en Navarra. Esa cifra, coincidente con los datos de varias ONG y con la barajada por el consejero de Interior, Javier Caballero, resulta, sin embargo, imposible de conocer, de atenerse a la respuesta del consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, a la parlamentaria de IU Ana Figueras.
El consejero dice que no se pueden calcular los ingresos de la prostitución al no existir en la clasificación general de actividades económicas un apartado que la recoja, ya que normalmente figura bajo los epígrafes de hostelería, ocio y relax o acompañamiento."No se quiere perseguir a estos explotadores a quienes les sale gratis esclavizar a seres humanos", deplora Figueras. "Este tema no le preocupa nada al Gobierno foral y Economía no quiere ponerle las cosas complicadas a los propietarios, que están obteniendo beneficios anuales de 186.000 euros por cada mujer".
La defensora del Pueblo y la oposición coinciden en que el Código Penal permite un control sobre los proxenetas para mejorar las condiciones en que trabajan las mujeres. "Es necesario incrementar las inspecciones fiscales y laborales", señala Aranda, "y emplear en ello a las policías municipales y la Foral".
Economía se ampara en el carácter reservado de los datos tributarios para no revelar aspectos que pidió Aralar en otra pregunta. Iribarren señala que en octubre de 2003 se efectuó una única investigación contra proxenetas, derivada seis meses después a la Justicia. El Gobierno incluyó en 2004 en su plan de inspección nuevas acciones contra clubes y abrió cinco nuevos expedientes. La parlamentaria de Aralar Miren Egaña considera "vergonzosa" esta actuación de Economía, ya que en tres de esas cinco inspecciones no se actuó de oficio, sino a instancias tras las denuncias de empleados de los clubes.
"Treinta y siete clubes localizados y conocidos se pueden vigilar perfectamente. Se hace mucho menos de lo que se debería", opina Elena Santesteban, portavoz de EA. "Los proxenetas deben pagar impuestos y tenemos mecanismos y capacidad inspectora para conseguirlo", apunta la socialista Aurelia Lumbreras. "Hay que actuar con controles exhaustivos y, si se producen delitos, que vayan a la cárcel", sentencia. Milagros Oreja, de CDN, cree preciso poner en marcha una "ajustada" política fiscal sobre los clubes.
"Hay un escenario de permisividad legal que debe ser erradicado", opina la titular del Defensor. "Espero que las actuaciones fiscales no sean anecdóticas y haya una persecución real que haga la vida imposible en Navarra a quienes se lucran explotando la indefensión de cientos de mujeres inmigrantes esclavizadas".
El pasado mes de febrero, el consejero de Economía calificó de "frívola" la acusación de que su departamento no luchaba contra los proxenetas. Aranda reconoce las actuaciones de 2004, pero insiste en que son "imprescindibles" investigaciones de oficio sobre los clubes y acciones concertadas con las comunidades limítrofes pues las mujeres son trasladadas de unos prostíbulos a otros en una estancia media de apenas 21 días de duración.
Fernando Puras, portavoz parlamentario del PSN, considera que la persecución tributaria a los proxenetas "no es una cuestión menor, ya que se puede convertir en un arma disuasoria" para reducir su acción.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de mayo de 2005