Mano dura contra la siniestralidad laboral. Ese es el mensaje que transmitieron ayer el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en la firma de un convenio por el que se comprometen a mejorar los mecanismos de colaboración cuando haya indicios de delito tras un accidente laboral mortal o grave. También se proponen incrementar la formación de los fiscales y de los técnicos de seguridad en el trabajo con cursillos periódicos, así como que la Inspección de Trabajo asesore a la fiscalía durante la tramitación de un pleito.
Maragall recordó que la mejora de la seguridad en el trabajo es una prioridad del tripartito y el fiscal general afirmó que, casos así, no se puede prescindir del derecho penal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de mayo de 2005