Al votar junto al Partido Popular el plan de Rabasa, los concejales socialistas del Ayuntamiento de Alicante han provocado la decepción de muchas personas. Quienes, sin militar en ningún partido, vemos con simpatía las ideas del socialismo, nos hemos sentido defraudados por la decisión. Resulta difícil, a la vista de lo sucedido, encontrar una explicación consistente para su conducta. Las declaraciones que hemos escuchado son tan frágiles y confusas que sólo han hecho aumentar nuestra inquietud. Nadie ha alegado hasta el momento razones convincentes que justifiquen la aprobación del plan de Rabasa, un plan que los alicantinos no querían y que hipoteca el futuro de la ciudad.
No podríamos decir, sin embargo, que el comportamiento de los concejales socialistas haya constituido una sorpresa. A lo largo de la legislatura, la actividad del grupo municipal socialista ha estado marcada por la tibieza y la ineficacia. Semana tras semana, los alicantinos hemos soportado su incapacidad para realizar una oposición consistente y sistemática en el Ayuntamiento de Alicante. Cuanto más crecía el mal gobierno de Luis Díaz, y se multiplicaban los desaciertos y las componendas, más echábamos en falta una verdadera oposición municipal.
Al igual que ha sucedido en otros lugares, el crecimiento de la construcción ha sido frenético en la ciudad durante los últimos años. Hacerle frente para contener sus excesos requería una oposición fuerte que ejerciera de contrapeso al gobierno municipal, entregado por completo a los constructores. Ha sucedido justamente lo contrario. A medida que la influencia de los promotores inmobiliarios se hacía más evidente en la vida municipal, el papel de la oposición tendía a encogerse, hasta que ha resultado prácticamente inexistente. En estas circunstancias, hemos llegado al momento actual, donde se ha votado la aprobación del plan de Rabasa al margen del PGOU de la ciudad. El escándalo ha sido clamoroso.
Cuando, hace unos meses, Luis Díaz Alperi propuso aumentar los sueldos de los concejales, el votante socialista vivió un momento de temor y de incredulidad. Los beneficios que Díaz otorgaba al grupo socialista municipal daban a la operación un aspecto venal que alarmó a muchas personas. Aunque los jefes del socialismo alicantino intentaron justificar la negociación, sus argumentos resultaron poco convincentes para los ciudadanos. Y es que no se trataba tanto de una cuestión de legalidad o de ilegalidad de la propuesta -como se argumentó entonces-, sino de una simple cuestión de imagen.
La impresión de que el alcalde, Díaz Alperi, había dominado la voluntad del grupo socialista se extendió, en aquel momento, entre amplios sectores de la ciudad. Ahora, al unirse con el Partido Popular para aprobar el plan de Rabasa -un empeño personal de Díaz Alperi-, los concejales socialistas habrían validado aquella operación. El que la subida de sueldos se votara en el mismo pleno, ha añadido unas notas de procacidad al caso. El sentimiento de que se ha consumado una traición, una traición inexplicable, a la ciudad, ha tomado cuerpo, en los últimos días, entre el votante socialista. La inhibición mostrada por Joan Ignasi Pla en el asunto, parece arrojar alguna duda sobre su capacidad de liderazgo. Si tenemos en cuenta que Alicante es la segunda ciudad de la Comunidad Valencia, la pasividad de Pla podría convertirse en un problema de cierta gravedad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de mayo de 2005