El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto que permitirá a las comunidades autónomas un acceso directo a la información contenida en el Registro de Violencia de Género, hasta ahora limitado a la Administración central, a los jueces y tribunales, al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial de forma restrictiva. El objetivo gubernamental es que las autonomías puedan prestar a las víctimas un servicio más eficaz, tanto sanitario como asistencial, desde sus unidades de coordinación contra la violencia de género.
El decreto de 2004 que creó el Registro Central para la protección de las víctimas de violencia machista tuvo como fin concentrar la información sobre las órdenes de protección, adoptadas o en trámite, para las mujeres maltratadas. Ahora ese registro se abre a las comunidades autónomas, una antigua petición de éstas, sobre todo de las que tienen transferidas las competencias de Justicia.
El nuevo decreto, además, suprime la obligación del encargado del Registro Central de comunicar sentencias firmes al Registro Central de Penados y Rebeldes. El Gobierno anunció también medidas técnicas para mejorar la comunicación entre los usuarios autorizados en los casos de violencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de mayo de 2005