En relación con el último (por ahora) comunicado de la Conferencia Episcopal sobre el matrimonio entre homosexuales, quisiera señalar tres aspectos:
1. Si no entiendo mal, lo que ha hecho la CE en su comunicado es incitar a funcionarios y cargos públicos a no cumplir la ley, cuando se apruebe, y a la prevaricación. ¿No debería intervenir, de oficio, la fiscalía por incitación al delito?
2. En el comunicado se defiende el derecho a la objeción de conciencia, y lo hace una institución que no la tolera a sus miembros. ¿O acaso permite a sus fieles, por motivos de conciencia, el uso del preservativo ante la posibilidad de tener hijos no deseados o a los que no se puede atender adecuadamente o para evitar la transmisión de enfermedades?
3. Todo ello desde una organización que sigue estando exenta del pago de impuestos sobre la renta y sobre el consumo y todavía se sigue sosteniendo económicamente de los Presupuestos Generales del Estado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de mayo de 2005