Un empresario de la construcción de Manises, J. B. J., responsable de la "supuesta empresa" Estructuras Comi, SL, fue detenido ayer por cobrar entre 800 y 300 euros a siete trabajadores nigerianos a cambio de un contrato y regularizar su situación "que no se ha producido", según denunció ayer la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC OO-PV.
Los siete inmigrantes alegaron ante la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Valencia que el detenido les había cobrado para normalizar su situación en España, a pesar de lo cual, una vez finalizado el proceso oficial de regularización el pasado día 7, no les había sido entregada ninguna documentación ni contrato de trabajo que acreditara que habían trabajado para él. Según la denuncia presentada, los ciudadanos extranjeros "se sienten estafados porque han visto los papeles de otras personas y son diferentes". Además, alguno de ellos los llevó a la asociación Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) "y le dijeron que no eran válidos". Los inmigrantes declararon que nunca habían visto el contrato de trabajo ni trabajado en la empresa del detenido y que éste les dijo que "tenían que esperar a que les llegase una carta de la Seguridad Social con un número que serviría para poder hacerles el contrato". En el relato de los hechos que hacen los denunciantes recuerdan que J. O. les dijo que era el encargado de la empresa y de contratar a los trabajadores, por lo que les entregó las solicitudes de autorización de trabajo y residencia, teniendo que pagar por ellas 800, 500 o 300 euros, según los casos.
La Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO-PV solicitó ayer ante la subdelegación del Gobierno en Valencia que a estas personas se les aplique el artículo 45 del Reglamento de Extranjería, que contempla las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, como en este caso puede haber supuesto su colaboración con la autoridad policial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de mayo de 2005