Leo el lunes 16 un artículo en EL PAÍS referente al Centro de Investigación Príncipe Felipe, el mismo que la semana pasada saltaba a la palestra por la supuesta discriminación a fumadores. En el artículo se desglosan toda una serie de grandes cualidades que reúne este nuevo centro, impulsado por la Generalitat Valenciana. Se olvida, a mi entender, de un muy asunto grave. Una buena parte de los investigadores están remunerados sobre la base de becas, y no con contratos, afianzando así en la precariedad laboral de los investigadores. Si se han convocado más de 66 becas y el centro va a contar con casi 350 científicos, fácilmente llegamos a la conclusión de que más del 20% de la plantilla está sin derechos como la seguridad social, paro o vacaciones reguladas. Si dirigimos la mirada a los jóvenes investigadores predoctorales y recién doctorados, casi seguro que el porcentaje sería muy alarmante. Esto contradice a la recientemente aprobada Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores de la UE, que reconoce como profesionales y el derecho a tener un contrato a todos los investigadores que ya cuenten con un título de grado. Esto es, que sean licenciado o ingenieros superiores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de mayo de 2005