Ni el Ministerio de Fomento, ni la Delegación del Gobierno en Andalucía ni la subdelegación del Gobierno en Cádiz han podido precisar en la última semana en qué punto se encuentra o si ha comenzado la investigación que anunció el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, el 14 de diciembre de 2004, para depurar responsabilidades administrativas en el fallido dispositivo de rescate en el naufragio de la patera de Rota. El 25 de octubre de 2003 fallecieron ahogados 37 inmigrantes a apenas 200 metros de la playa en la mayor tragedia humana de las costas españolas.
Catorce meses después del episodio, el Gobierno central cedió ante la presión de las organizaciones humanitarias, partidos, colectivos profesionales y jueces que exigían que se depurasen responsabilidades porque el rescate tardó 52 minutos en iniciarse y no llegó al lugar del naufragio.
El presidente del comité de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) en Cádiz, Jorge Walliser, anunció ayer que pedirá por escrito los resultados de la investigación a la dirección de la empresa, después de que no haya sido atendida su demanda verbal. "Están afectados trabajadores que tienen derecho a conocer qué medidas se están tomando", dijo.
Walliser explicó que varios empleados de Sasemar en Cádiz, que trabajaron aquella noche, han vuelto a ser interrogados por un abogado de la empresa después de que se confirmase que la Secretaría General del Transporte del Ministerio de Fomento investigaría el caso. Según denunció Waliser, con esta tragedia no se ha seguido el trámite habitual en una catástrofe marina, como sería haber instruido una investigación a través del comité permanente de siniestros en el mar. El portavoz sindical sostiene que "se han reforzado los contactos con la Guardia Civil pero, aparentemente, no se ha dado ninguna instrucción nueva ni se han cambiado conductas para atender una emergencia singular".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de mayo de 2005