El parlamentario andaluz de Izquierda Unida, Antonio Romero, calificó ayer de "blanqueo urbanístico" la legalización del 85% de las viviendas ilegales de Marbella, incluida en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, presentado la pasada semana por la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, y anunció que le pedirá explicaciones. "Nos parece una pasada que después de las críticas realizadas por la Junta en la época del GIL, ahora vayan a regularizarlo todo", señaló.
Según Romero, esta medida, que tildó de "cobardía política", podría sentar un grave precedente en la provincia e incluso extender la especulación a otras zonas de la comunidad. Acusó al PSOE de promover la legalización por "intereses electorales", y se mostró conforme con legalizar una parte importante de las obras contrarias al PGOU vigente, "siempre y cuando no perjudique a un equipamiento o áreas verdes".
El parlamentario preguntará también al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "por qué se tolera" que se retiren los precintos y continúen las construcciones ilegales en Marbella, y qué medidas piensa tomar para que se cumplan las decisiones judiciales. "Seguimos pensando que es necesario retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento", dijo Romero, que recordó que en el último año, el equipo de Marisol Yagüe ha cometido más de 120 irregularidades urbanísticas, "una a la semana desde que accediera al poder".
"Marbella necesita dos mensajes para volver a la legalidad: un nuevo PGOU que dé seguridad jurídica y establezca la legalidad urbanística, y que haya garantías de que el Ayuntamiento va a respetar esta nueva etapa", añadió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de mayo de 2005