¿Alguien recuerda la última vez que una iniciativa políticavalenciana tuvo repercusión en el resto de España? Hay que remontarse a 1874, año en que el Marqués de Campo y Teodoro Llorente financiaron el golpe de estado del general Martínez Campos que acabó con la I República y restableció la monarquía con Alfonso XII, que fue recibido en Sagunto. Han pasado más de 130 años. Ahora, la Comunidad Valenciana vuelve a ser noticia. La aprobación de la reforma del Estatut, y sus repercusiones en España, es mérito de Francisco Camps y de Joan Ignasi Pla. Regateárselo, con la habitual práctica cainita que da el terreno, es cicatero e injusto.
Qué duda cabe que el articulado del Estatut es perfectible; pero si se repasan las objeciones de los críticos con el texto, se comprobará que en su mayoría se refieren a aspectos de carácter simbólico, más que competencial, que difícilmente pueden ser asumidos por el PP y el PSOE. Con diferencia los partidos valencianos mayoritarios. Carod no es nadie, políticamente hablando, en esta tierra.
El acuerdo entre Camps y Pla trasciende el ámbito autonómico, como es perceptible en las reacciones que ha provocado. Por eso su responsabilidad en la gestión del triunfo es mayor ante el futuro. El nuevo Estatut contiene los mecanismos para asumir competencias en materias como Hacienda y Justicia, impensables hace meses. Ahora sólo falta activar esos mecanismos dotándolos de contenido. Y ahí va a ser clave el papel que ambos políticos jueguen en los cambios legislativos que, seguro, van a producirse en el futuro.
El nuevo Estatut no sólo representa el éxito de Camps y Pla, también es el fracaso de los pesimistas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de mayo de 2005