Los consejeros de Pesca de las cuatro comunidades del Cantábrico (País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia) instaron ayer al Gobierno central a asumir las ayudas a la flota de bajura por la crisis de capturas de la anchoa. En una reunión en Bilbao acordaron pedir la suspensión de esta pesquería durante lo que resta de año y la anulación del acuerdo de Arcachon, que distribuyó las cuotas y las costeras entre Francia y España.
"Debemos parar. Nos estamos jugando el que esta pesquería pueda tener una posibilidad de recuperación", afirmó el consejero vasco, Gonzalo Sáenz de Samaniego. En la cita se conocieron los datos definitivos de las investigaciones de Azti (entidad privada vasca sin ánimo de lucro dedicada a investigar el sector primario) realizadas a mediados de mes. Las conclusiones son más alarmantes que el informe provisional: el número de ejemplares está en la mitad de la llamada biomasa límite.
La ministra Elena Espinosa afirmó en el Senado que el Gobierno ha tenido una "rápida reacción" en esta crisis y anunció una reunión científica para tener un "diagnóstico exacto".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de mayo de 2005