El Consistorio sevillano media entre las familias que han ocupado unos pisos municipales en San Bernardo para exigir el arreglo de sus viviendas y la constructora de las casas asaltadas.
El Ayuntamiento está dispuesto a que los vecinos afectados residan en los pisos municipales mientras que los dueños de sus viviendas las arreglan, pero la inmobiliaria exige un acuerdo escrito con Urbanismo antes de retirar la denuncia que presentó hace días en el juzgado contra la ocupación del edificio y que impide a los vecinos encerrados entrar o salir del inmueble, así como meter enseres.
La concejal de Participación Ciudadana de Sevilla, Paula Garvín (IU), lamentó que la empresa no haya accedido a retirar la denuncia, pese a la mediación de la Gerencia de Urbanismo, y esperó que el acuerdo entre el Ayuntamiento y la inmobiliaria se formalice a principios de la semana que viene.
El bloque de viviendas en el que se han encerrado los vecinos de San Bernardo está terminado, pero sus pisos no se han adjudicado aún. Ha sido levantado por la empresa Prasa y cuenta con 15 viviendas reservadas para VPO, de las cuales 10 son propiedad del Ayuntamiento y otras cinco de la propia inmobiliaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de mayo de 2005