Se supone que los dineros recaudados con el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica son destinados por el Ayuntamiento al mantenimiento en condiciones (es un decir) de los pavimentos, vías e instalaciones utilizados por dichos vehículos. Todos sabemos que, cada año, las zonas peatonales de la ciudad, o en las que se prohíbe la circulación de coches, aumentan en un porcentaje desconocido, pero que, sin duda, crece constantemente.
Sin embargo, el importe de ese impuesto crece ininterrumpidamente de año en año sin que la explicación de ese crecimiento esté demasiado clara, cuando en justicia debería decrecer en la misma proporción que decrecen la superficie disponible para la circulación de automóviles y los servicios de que disponen los automovilistas.
O, a este paso, llegaremos al caso extremo (o no tan extremo) de no poder utilizar el automóvil y seguir pagando cantidades crecientes al Ayuntamiento a cambio de nada.
A título de ejemplo, por un coche de mi propiedad de 13,31 HP (caballos) fiscales, he pasado de pagar 105,48 euros en el año 2000 a 123 euros en éste, lo que representa un 16,6% de subida, y ello a cambio de la imposibilidad de circular por gran parte del centro, de carecer de una policía de tráfico que ponga orden en la caótica circulación de esta ciudad, de padecer las continuas obras y zanjas en las calles por las que todavía se puede circular, etcétera.
Y que conste que no me molesta que haya calles peatonales si sirven para hacer una ciudad más habitable. Lo que no me gusta, por injusto, es pagar por servicios que no se me prestan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de mayo de 2005