La Administración pública se ha movido, sobre todo, al compás de la urgencia de satisfacer una demanda acuciante. Y esto, además del escaso presupuesto, ha hecho que los resultados finales sean escasamente atractivos, cuando no claramente repulsivos. Una tendencia que se puede y, a tenor de las intenciones declaradas por Ricard Fernández, secretario de Vivienda, invertir. Pero lo que el informe describe es lo que hay. Aunque sea para cambiarlo. Y lo detectado es que "la Administración pública no ejerce el liderazgo respecto a los contenidos que definen la calidad de la vivienda".
"Se ha pasado directamente del asistencialismo franquista al predominio de las leyes impuestas por el mercado" y los "aires del liberalismo económico están frenando el papel de los Estados" en materia de vivienda. Incluso los gobernantes han sentido la tentación (y sucumbido a ella) de "derivar la responsabilidad hacia las leyes del mercado".
Se trata de quebrar "la idea de que la vivienda es básicamente un bien económico" derivada de la "lógica del capital".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de mayo de 2005