La enseñanza y la sanidad públicas son consideradas, en general, mejores que la privada. ¿Por qué no ocurre lo mismo con la vivienda pública? Fue una de las preguntas que surgieron en el debate entre arquitectos, estudiantes de arquitectura y representantes de la Administración celebrado esta semana en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.
Fue un debate con muchas preguntas de los universitarios y menos respuestas de la Administración. Y en algún caso, esas respuestas parecieron incomprensibles a los asistentes. Por ejemplo, un representante del Patronato Municipal de la Vivienda adujo que para alguien que llega a España en patera y que ha vivido bajo una lona, 30 metros cuadrados no son nada indignos. Al contrario, representan una notable mejora. La respuesta de los arquitectos fue contundente: ¿Se puede aplicar la misma práctica en enseñanza y sanidad? ¿Se puede pinchar menos a un inmigrante porque en su país de origen tenía una sanidad peor? ¿O será más bien que la dignidad tiene que ser para todos por igual?
Casi todos los arquitectos que no eran plantilla de una administración estaban de acuerdo: la dignidad también es cuestión de espacio. Un ejemplo: se dictan normas que obligan a que puedan acceder a las viviendas personas con movilidad reducida. ¿Es esto compatible con la reducción de espacio?
Ricard Fernández, secretario de Vivienda, dio la cara y se lo agradecieron, como también la dio la alcaldesa de Santa Eugènia de Berga, Filo Tió. Estaba allí porque una parcela de su población ha sido la utilizada por los estudiantes para proyectar viviendas sociales. No sin problemas, dijo la alcaldesa. Se refería a problemas de incomprensión que las viviendas sociales provocan incluso donde son construidas. Fernández explicó el papel que corresponde a la Administración en materia de vivienda: subsidiario. Tiene que construir para quienes nadie construye: alquiler emancipatorio (jóvenes con poco poder adquisitivo), pisos asistidos para mayores y viviendas para familias de rentas bajas.
Hay una diferencia entre la vivienda privada y la pública. La primera se construye para un único comprador. El promotor se inhibe totalmente de lo que ocurra una vez ha sido vendida. La Administración, sobre todo en vivienda de alquiler, tendrá varios clientes y, muy probablemente, con necesidades diferentes. La construcción tiene que durar un siglo y ser adaptable. ¿Se puede además ser innovador?
La respuesta unánime era que sí, incluso ahorrando. Por ejemplo, en acabados. ¿Por qué no dar las viviendas sin terminar los interiores de modo que sean más adaptables? La respuesta de la Administración fue clara: los clientes no lo admitirían.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de junio de 2005