La Diputación de Guipúzcoa pone en marcha a partir de hoy el Servicio de Urgencias Sociales para atender a personas en situación de desprotección o a víctimas de malos tratos en la franja horaria en la que los servicios de asistencia social de los ayuntamientos no están operativos. Así, entre todas las instituciones competentes, ayuntamientos y Diputación, se asegura cubrir cualquier emergencia social las 24 horas durante todos los días del año.
Al Servicio de Urgencias Sociales se podrá acceder llamando a los teléfonos 943 224 411 o al 112 de SOS-Deiak, y funcionará entre las 15.00 y las 8.00, dado que durante el resto del día corresponde a los servicios sociales de base ocuparse de estos casos.La diputada para los Derechos Humanos, Mari Carmen Marín, manifestó ayer que esta iniciativa pretende "ampliar la cobertura [horaria] de las ayudas" sociales y ofrecer una "respuesta inmediata" a todas las personas que la soliciten. Su puesta en marcha se ha realizado en coordinación con los municipios de la provincia, la Ertzaintza y las policías municipales.
Ocho profesionales -dos psicólogos, dos trabajadores sociales y dos técnicos sociales- formarán el equipo que atenderá a personas desprotegidas, desamparadas, sin recursos ni apoyos familiares o víctimas de agresiones o malos tratos. El nuevo servicio tendrá un costo de 260.000 euros anuales y se ocupará de diagnosticar, asesorar, acompañar e informar de forma inmediata de los recursos asistenciales existentes, tanto públicos como privados. En los supuestos de violencia de género o delitos sexuales, los profesionales acudirán de inmediato al lugar de los hechos y se ocuparán de los traslados posteriores de las víctimas.
Por otro lado, la diputada Marín reveló que cuatro propietarios rechazaron alquilar sus locales en cuanto supieron que la Diputación iba a destinarlos a un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados. No obstante, aseguró que su departamento está a punto de cerrar un acuerdo con una institución que permitirá abrir un nuevo centro de urgencia para menores inmigrantes, que permitirá corregir las situaciones de falta de plazas, como sucedió a comienzos de mayo.
Entonces, los 27 educadores sociales de la Cruz Roja que trabajaban en la residencia de Martutene, el centro de urgencia de Urnieta y otro provisional ubicado en Hondarribia se dieron de baja por problemas de saturación de plazas y conflictividad de algunos menores. En este sentido, Marín dijo que los empleados del centro de Urnieta -el único en funcionamiento tras el cierre definitivo del de Martutene- ya están trabajando y atienden a seis menores, cuando las instalaciones tienen capacidad para nueve personas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de junio de 2005