Mi madre cobró el año pasado 7.130 euros de pensión, y como no llegaba al cómputo de 7.400 que fijaba la Generalitat como tope para pedir y recibir la ayuda a las viudas según la orden BEF / 310 / 2004 de 7 de septiembre, la solicitó en noviembre de 2004 al Departamento de Bienestar y Familia. Esa petición le fue denegada el pasado mes de abril con argumentos poco claros, a los que añadían que si no estuviera de acuerdo, la demandante podía acudir a los tribunales.
Si nos atenemos a la mencionada orden, mi madre tiene derecho a cobrar esos 25 euros mensuales, y si no que me demuestren lo contrario. Acudir a los tribunales representa buscar un abogado, pagarlo (lo que supone un gasto mayor de los 180 euros que le deben), y un trajín para cualquier persona, y mucho más para una anciana de 82 años.
No creo que este sea el trato que merecen las personas mayores ni nadie. Hablando se entiende la gente, pero a mi madre no la dejan hablar, la chantajean. Errar es de humanos, pero parece que en Bienestar y Familia no se equivocan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de junio de 2005