El Ministerio de Medio Ambiente tiene el "propósito de demoler todas las obras que sean declaradas ilegales por la Justicia dentro del dominio público marítimo-terrestre" de Marbella (Málaga). Así lo asegura el departamento que dirige Cristina Narbona en una respuesta parlamentaria a la diputada de IU en el Congreso Isaura Navarro. Medio ambiente subraya su intención de recuperar "todos los espacios que han sido ocupados ilegalmente, sin el amparo de ningún título administrativo", a lo que contribuirán también los deslindes que están a punto de finalizar en el litoral marbellí.
Sin embargo, la misma respuesta especifica que, "hasta el día de la fecha [16 de mayo de 2005] no se tiene constancia de ninguna comunicación por parte de la Administración de Justicia de que se haya producido algún caso en este sentido". El jefe de la Demarcación de Costas en Málaga, Juan Carlos Fernández-Rañada, explica que en el litoral marbellí, el dominio público marítimo-terrestre llega prácticamente hasta donde termina la arena, y aunque existen zonas invadidas por jardines o piscinas de urbanizaciones, chiringuitos o casetas antiguas, no hay edificios completos de viviendas en esta situación.
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El dominio público marítimo-terrestre lo forman, además del mar territorial y las aguas interiores, la ribera del mar (y de las rías), que abarca las zonas de playa, las albuferas y los terrenos costeros hasta el lugar alcanzado por el mar en marea alta o hasta donde lleguen las olas en los mayores temporales conocidos, según la Ley de Costas de 1988. Después, hay una servidumbre de tránsito de seis metros, también de dominio público estatal, y una zona de servidumbre de protección, que en suelo urbano es de 20 metros y en suelo rústico de cien, donde tampoco está permitido edificar, aunque es competencia autonómica. Según Fernández-Rañada, es en esta última zona de protección donde existen muchas edificaciones en toda la costa española.
Esta situación puede cambiar una vez concluidos los trabajos de deslinde que inició Costas en Marbella. En la respuesta ministerial, se informa de que se está procediendo a "revisar la idoneidad" del deslinde de dominio público marítimo-terrestre vigente en Marbella "con objeto de adecuarlo a la legislación vigente". Estos trabajos consisten en la delimitación física de los límites del dominio público, y previsiblemente afectarán a terrenos que los particulares consideraban de su propiedad, en algunos casos inscritos en el registro o incluso reconocidos por sentencia firme.
Según explica Fernández-Rañada, sí pueden existir edificios que tras el deslinde, recaigan en dominio público de forma parcial. En estos casos, la solución, que dependerá de los derechos previos de los particulares, puede pasar por el derribo pagando una compensación económica, o por una concesión de uso.
Hasta ahora, de los cerca de 18 kilómetros de litoral que comprende Marbella, sólo se han aprobado los deslindes de seis. La Demarcación de Costas ha enviado a la Dirección General de Costas la propuesta de otros cinco kilómetros, y prevé enviar los siete restantes en un par de semanas. Una vez aprobados, el proceso puede durar años, ya que es necesario comunicarlo a los miles de afectados colindantes, realizar actas de apeo, contestar las alegaciones y, en caso de llegar a un contencioso-administrativo, esperar la resolución judicial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de junio de 2005