La política produce en los ciudadanos una curiosa mezcla de interés y desconfianza. Interés porque se es consciente de que una parte importante de las decisiones de nuestra vida cotidiana está depositada en ella; desconfianza porque se conocen las imposturas, la falta de sinceridad, la falta de correspondencia entre las palabras que se pronuncian y los hechos que las acompañan.
Acercar la política a los ciudadanos es, en primer lugar, hacer un ejercicio de sinceridad a la que pocos están dispuestos y, en segundo lugar, ampliar la participación del conjunto de la ciudadanía a la que todos apelamos.
Sin embargo, ambos requisitos son de difícil ejercicio. El primero, la sinceridad, porque, aunque el interés general sea el que debe regir la acción política, la realidad es que los intereses privativos se cuelan por los resquicios del poder político. Todas las fuerzas políticas apelamos al interés colectivo, a la calidad de los servicios públicos, a la lucha contra la especulación, a la defensa de los que menos tienen, a la protección medioambiental, pero entonces, ¿a través de qué curiosos mecanismos se afianzan los intereses de los más poderosos, se reducen los derechos de los trabajadores, se esquilma el suelo, se destroza el medioambiente? ¿Quién, aunque no lo confiese, trabaja para que esto último sea la realidad y se posterguen las políticas sociales y el interés general?
El valor fundamental de la democracia no es el consenso, es la pluralidad de ideas, la contraposición de intereses diversos
Para mantener este orden de cosas, la soberanía del pueblo debe ser convenientemente recortada, limitada a la pura votación electoral, excluida de la formación de la opinión y de la decisión política. La participación social, amplia y plural, se sustituye por la confrontación partidaria, vacía de contenido a su vez por la ausencia del pueblo.
Elaborar una reforma del Estatuto de Autonomía, o un nuevo texto estatutario, debería ser la máxima expresión de la participación social. De hecho, el anterior estatuto se conformó al calor de la movilización popular y de los deseos de cambio en Andalucía. Una gran parte del texto estatutario saltó de las pancartas al articulado legal: el pleno empleo, la reforma agraria, la industrialización, el retorno de los inmigrantes. El nuevo Estatuto debe emerger de un nuevo proceso participativo en el que la ciudadanía juegue un papel importante.
Así se entendió en una primera fase cuando se decidió iniciar la reforma con la comparecencia abierta de organizaciones sociales, entidades y ciudadanos a título particular. Sin embargo, cuando se iba a emprender la fase de redacción, las puertas se cerraron con la idea de "facilitar el acuerdo" y evitar que la exposición pública del debate promoviera "más confrontación pública". No hacían los ponentes sino constatar una realidad patente: que los políticos se expresan de forma distinta cuando están o no ante el público. Algo que recuerda demasiado el aforismo de "públicas virtudes, vicios privados", o "grandes confrontaciones en público, acuerdos en privado". Una vez más la desconfianza ciudadana en la política está más que fundada.
Esta "privatización" del debate no contribuye, precisamente, a la participación y el interés en el debate estatutario. Se están celebrando en esta ponencia debates importantísimos respecto al papel de Andalucía en el Estado, los derechos sociales, la obligación de las políticas públicas, la economía, el sistema educativo, la salud, etcétera. Se están poniendo sobre la mesa diferencias de criterio entre todas las fuerzas políticas de un gran calado social. Este mecanismo de sigilo privará en el futuro de un testimonio histórico sobre cada uno de los pasos de la reforma estatutaria. Pero, sobre todo, impide al ciudadano recibir de primera mano toda la información completa y veraz necesaria para participar e incluso para formarse una opinión. El dios al que se rinde este tributo de silencio se llama consenso.
Curiosamente, mientras se pone sordina a los desacuerdos en el texto estatutario, unos metros más abajo, en la sala de Plenos del Parlamento de Andalucía se asiste a las mayores escenas de confrontación política, descalificación mutua e incluso de falta de educación entre los partidos mayoritarios que optan a la consolidación de un bipartidismo asolador. Puedo garantizar que ni en los días de mayor desacuerdo en el Estatuto el debate se acerca a la décima parte de irritación que alcanza la actual confrontación en los medios de comunicación, seguramente porque sólo ponen pasión en el poder, que no en la política.
El valor fundamental de la democracia no es el consenso, ni tampoco la pura confrontación, tal como quieren hacernos creer. El valor fundamental de la democracia es la pluralidad de ideas, la contraposición de intereses diversos, la variedad de aportaciones y soluciones así como el diálogo permanente con una ciudadanía que tiene derecho a estar informada y decidir. El consenso es un remanso en un río que debe seguir fluyendo y en movimiento. Por ello, como afirmaba Max Estrella, "Luz. Más luz", que disipe fantasmas, aclare intereses y devuelva al espacio público lo que es de todos.
Concha Caballero es portavoz de IU LV CA en el Parlamento de Andalucía
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de junio de 2005