Los vecinos de la Font d'en Fargas de Barcelona vuelven a estar en pie de guerra. Esta vez no se trata de salvar la milenaria masía Can Fargas. Se trata del casal del barrio, un equipamiento con una intensa actividad asociativa, cultural y juvenil que es propiedad de la parroquia y los vecinos reivindican que se convierta en centro cívico de titularidad municipal. La solución requiere una compleja maniobra a tres bandas: entre la junta del centro, la diócesis y el Ayuntamiento.
Antes que nada, sin embargo, habría que comenzar por una intensa rehabilitación del edificio porque el casal, que está catalogado, se cae literalmente a pedazos. Hay grietas por todas partes, la salida de emergencia está apuntalada y los jóvenes del esplai cuentan que el golpe de una escalera plegable contra el suelo del teatro causó el desplome de un trozo de techo en el sótano. "Un dia prendrem mal", señala todo el mundo.
No es para menos, porque desde que se inauguró, en 1928, pocas reformas se han realizado en un casal que, en los años treinta, fue escenario de espectáculos y fiestas por todo lo alto. Las celebró el núcleo fundacional del barrio, periodistas de renombre de la prensa de la ciudad y sus familias, que habían elegido la zona, entonces agrícola, para construirse torres de vacaciones. Por lo que cuenta mosén Josep Bundó en sus escritos de aquella época, las juergas de los domingos fueron tales que hubo que llamarles la atención en más de una ocasión. "Más que nada por estar en tiempo de Cuaresma", explica Bundó, fundador de la parroquia de Sant Antoni de Pàdua. Que, por cierto, como otras tantas fue quemada durante la Guerra Civil.
Acabada ésta, la parroquia compró el casal, una propiedad que todavía mantiene y que los vecinos quieren que pase a manos del Ayuntamiento. El actual párroco, Alfons Rey, asegura que está dispuesto a llegar a un acuerdo. "La mejor solución es que el Ayuntamiento lo compre y lo pague durante 40 o 50 años. Nosotros perderíamos patrimonio, pero ganaríamos ingresos para la parroquia", afirma el sacerdote.
La solución que sugiere el Distrito de Horta-Guinardó, sin embargo, pasa por una permuta de terrenos. Una especie de carambola, explica la concejal Elsa Blasco: "A cambio de la cesión del casal al municipio, éste traspasaría a la parroquia el derecho de edificabilidad de la masía Can Mariné, de propiedad municipal, a un solar que ahora esté calificado de equipamiento. Es complicado, pero todo el mundo sale beneficiado y los pagos se hacen en especie".
El Distrito, además, cuenta con una partida presupuestaria de 600.000 euros para realizar la rehabilitación. "Pero no podemos invertir en una propiedad que no es nuestra", subraya la concejal. La cuestión podría desencallarse en una reunión que Blasco tiene prevista para mediados del este mes con el obispo Joan Carreras.
Sin embargo, Alfons Rey insiste en que sólo él tiene poder para negociar. "El casal es de la parroquia, de esto no hay ninguna duda", afirma. Rey, además, cuestiona la actividad del centro: "Nunca ha interesado al barrio, a las actividades van cuatro y el cabo. Este barrio es cada vez más rico y cada uno va a la suya", asegura.
Una impresión que no comparten, por lo menos, los usuarios de un centro que, además del teatro -que utilizan las escuelas del barrio y tres agrupaciones de teatro de aficionados-, tiene un bar; en el que se programan ciclos culturales y es sede del cursillos, del esplai y de la asociación de vecinos. "Los programas electorales de los cinco partidos políticos presentes en el Ayuntamiento se comprometían a convertir el casal en un centro cívico", recuerda Lluís Vila, integrante de la junta gestora -formada por socios, pero sin poder de decisión sobre la titularidad-, y alerta de que el centro cultural más próximo está a no menos de 20 minutos del barrio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de junio de 2005