A principios de mayo de 1994, cuando el último Gobierno de Felipe González se tambaleaba entre escándalos políticos y económicos, el valenciano Vicent Albero dimitió como ministro de Agricultura al conocer que EL PAÍS se disponía a hacer público que había sido titular entre 1988 y 1989 de una cuenta opaca en el banco de inversiones Ibercorp, situado entonces en el ojo del huracán. Acuciado por su partido, Albero, cuyo fraude fiscal consistió en no declarar 21 millones de pesetas procedentes de la venta legal de su participación en la empresa Marie Claire, dejó también su escaño de diputado por Valencia y su cargo en la ejecutiva del PSPV, mientras el PP clamaba contra la corrupción. Once años después, el presidente de la Diputación de Castellón y dirigente provincial del PP, Carlos Fabra, es denunciado en los tribunales por la Agencia Tributaria, que le imputa un delito de fraude de unos 150.000 euros sólo en 1999, mientras analiza sus declaraciones de otros ejercicios para detectar irregularidades vinculadas al supuesto tráfico de influencias por el que es investigado en un juzgado de Nules a raíz de la denuncia de un empresario que asegura haberle pagado durante años para interceder ante el Ministerio de Agricultura a favor de la legalización de sus productos fitosanitarios. Desde luego, Fabra no da la más mínima impresión de estar dispuesto a dimitir y su partido, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a la cabeza, cierra filas y responde que se trata de una persecución política en la que "nadie va a demostrar nada". Claman los socialistas por la dimisión de Fabra, mientras destacan la proliferación de escándalos que implican a cargos públicos valencianos; algunos, como los que afectan a los alcaldes de Alicante, Orihuela y Torrevieja, también en manos de la fiscalía anticorrupción. Cualquiera ve que convendría a Camps y a su partido sacar a Fabra del terreno de juego. Sin embargo, como han apuntado el PSPV y Esquerra Unida, el presidente ha unido su destino al del jefe de la Diputación de Castellón. Es decir, Albero no habría dimitido, hoy y aquí, si hubiera sido un cargo de la derecha que hace once años agitaba airada la bandera de la regeneración. Los más listos del PP preparan ya los salvavidas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de junio de 2005