La polémica directiva sobre la liberalización del sector servicios, conocida como directiva Bolkestein, regresa hoy a la mesa de los ministros de Competitividad de la Unión Europea, sin ninguna esperanza de acuerdo, aunque servirá para hacer un balance sobre la forma en que continúan los trabajos. La presidencia luxemburguesa de turno presentará un informe sobre los avances de los últimos seis meses, en especial tras el Consejo Europeo de marzo, cuando los líderes europeos pidieron una revisión del texto para preservar el modelo social.
La propuesta de directiva, formulada por la anterior Comisión Europea, estuvo durante meses en el ojo del huracán por la férrea oposición de algunos países, pero sobre todo de la opinión pública de Francia y Bélgica. Durante la campaña del referéndum francés para la Constitución europea los partidarios del no, que al final se acabó imponiendo, tomaron este proyecto como ejemplo de amenaza al modelo social.
En la discusión de hoy no habrá acuerdo, pues las posturas están demasiado enfrentadas, pero se pretende hacer balance para seguir las discusiones cuando el mes que viene la actual presidencia pase el relevo al Reino Unido, según fuentes diplomáticas.
Francia, Bélgica y Alemania son los países que más oposición muestran al actual texto, frente a los más favorables como Reino Unido, Holanda o Irlanda. España es partidaria de avanzar en la liberalización de los servicios en la UE, pero cree que tiene que hacerse de manera compatible con una adecuada protección del servicio público, la seguridad jurídica y los consumidores.
Suprimir obstáculos
Tras la polémica suscitada, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ha señalado que el actual texto tiene que ser enmendado para clarificar que las condiciones laborales no se vean afectadas y que algunos servicios públicos, como la salud, queden excluidos. La propuesta pretende suprimir los obstáculos a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y la libertad de establecimiento, en este sector que representa el 70% del producto interior bruto (PIB) de la UE.
Durante estos meses ha habido progresos en aspectos como la creación de ventanillas únicas, a las que un prestatario podrá dirigirse en una administración nacional para realizar trámites.
Las posiciones no convergen aún en el principio de la autorización tácita, es decir, que un prestatario de servicios pueda iniciar sus actividades si la administración no ha contestado a su petición de autorización en el plazo establecido. Y siguen enconadas en los aspectos más polémicos, en especial el principio del país de origen, que estipula que un prestatario de servicios pueda hacerlo en otro Estado miembro rigiéndose por las normas de su país, lo que según sus detractores abre la puerta al temido dumping social. El Parlamento Europeo sigue sus debates en torno a la propuesta de directiva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de junio de 2005