El consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, se escuda en que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) no es una norma del PP. Sin embargo, los populares, que gobiernan la Comunidad Valenciana desde el año 1995, no han modificado su redacción en una década. "El PP consideró que [la ley] necesitaba un tiempo de rodaje y ha sido a lo largo de estos años cuando hemos ido descubriendo las pequeñas perversiones y deficiencias de esta norma", explicó Blasco. Según el consejero, ocho o nueve años de vigencia de una ley no es un plazo muy largo "para una norma que salió con la voluntad de racionalizar el urbanismo".
Como reconoce el consejero autonómico, ha tenido que pasar una década para que el Gobierno valenciano, pese a sus reiterados anuncios de cambios -ya en 1999 se anunciaba una modificación legal-, haya redactado un nuevo texto, que ya ha aprobado el Consell pero no ha comenzado todavía su tramitación en el Parlamento.
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Blasco afirma no haber visto nunca las 15.000 quejas de afectados por abusos urbanísticos que han llegado a la Unión Europea, sobre todo de residentes extranjeros. "Mi respeto a esas 15.000 quejas que se hayan podido producir; pero, que yo sepa, ni una sola de ellas se ha sustanciado en los tribunales, que es como funcionan todos los Estados de derecho de Europa y del mundo", advierte el titular de Territorio y Vivienda en su defensa.
Pese a todo, Blasco califica de positivo el contacto con los eurodiputados: "Continúo
abierto a que cualquier aportación europea que dependa de nuestro ámbito competencial se incorpore a la tramitación de la LUV (Ley del Urbanismo Valenciana)". Por último, el consejero asegura que esta ley, que reemplazará a la LRAU, amplía las garantías y la transparencia del procedimiento urbanístico que todavía está vigente en la normativa valenciana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de junio de 2005