Este mes se votarán en el Parlamento las conclusiones de la comisión de investigación sobre el 11-M. Todo parece indicar que no habrá conclusiones compartidas: como en otros asuntos de gran actualidad, los socialistas y los grupos minoritarios irán por un lado, y el PP por otro. Es lamentable que así ocurra, porque el objetivo esencial de la comisión, identificar los fallos y errores que contribuyeron a que no se detectaran los preparativos del atentado, debería imponerse sobre otras consideraciones. Sobre todo a la vista de las informaciones que confirman que subsiste el riesgo en territorio español.
Los socialistas consideran probado en la comisión que hubo subestimación del peligro y fallos de coordinación entre las fuerzas policiales que facilitaron las cosas a los terroristas; y que, tras la matanza, el Gobierno del PP tergiversó la información recibida de la policía por motivos electoralistas: para evitar que se relacionase el atentado con Irak. No sería imposible llegar a un acuerdo sobre el primer punto, pues hasta Aznar reconoció que no se valoró adecuadamente el peligro; pero el PP ya dejó claro con motivo del primer aniversario del 11-M que no está dispuesto a legitimar con su voto unas conclusiones que incluyan la acusación de manipulación. Y el PSOE y sus aliados tampoco parecen especialmente interesados en forzar un acuerdo parcial que difumine la responsabilidad política del Gobierno del PP. Así están las cosas.
En Estados Unidos, la comisión independiente que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001 (formada por representantes de los dos grandes partidos) no sólo se empeñó y consiguió conclusiones unánimes de sus miembros, sino que, un año después de haber presentado sus conclusiones, vigila para que sus recomendaciones sean tenidas en cuenta. Ayer mismo se supo que se había dirigido al presidente Bush solicitando informaciones sobre el comportamiento reciente de la CIA, el FBI y el Pentágono al respecto.
Aunque el modelo de comisión sea muy distinto, el objetivo perseguido es similar y debería haber determinado las prioridades de la investigación. En la práctica, sin embargo, el objetivo primero ha sido tener razón contra el otro partido. Ello ha conducido a absurdos como el empecinamiento de sectores del PP en volver a la tesis de la autoría de ETA, ahora como parte de una conspiración "para derribar al Gobierno". A pesar de lo cual, los socialistas deberían intentar asociar al primer partido de la oposición al menos a la parte operativa de las conclusiones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de junio de 2005