El consejero de Empleo, Antonio Fernández, dijo ayer que la Junta prevé intervenir, con las formas jurídicas que recoge la legislación vigente, en el conflicto de la huelga del servicio provincial de limpieza y recogida de basuras si en breve las partes no avanzan en la consecución de un acuerdo. El consejero eludió precisar las "formas jurídicas" que utilizaría la Junta para poner fin al conflicto e insistió en apelar a la voluntad de las partes de llegar a un pacto a partir de hoy, cuando está previsto que se retome la negociación entre trabajadores y patronal.
Según el consejero, trabajadores y empresarios tienen "elementos suficientes para un pacto". "Llegados a ese punto, las partes tienen que valorar si es más importante el derecho a la huelga o al de la salud", manifestó Fernández, quien reiteró que la Junta ya estudia la posibilidad de intervenir si, "en las próximas horas o días", no hay un acercamiento entre las partes, circunstancia que, no obstante, consideró que no se producirá.
El presidente de Aselip, Francisco Jardón, que representa a la patronal, dijo que en el previsible encuentro de hoy debería realizarse ya una "definición clara de la situación y de cómo resolverla". El secretario provincial de Actividades Diversas de CC OO, Rafael Hueso, manifestó que, aunque el encuentro no estaba cerrado ayer, la federación regional del sindicato mantiene las conversaciones para avanzar en ese sentido.
La situación se ha agravado, según advirtió ayer la Diputación, porque algunas plantas de transferencia se encuentran al límite de su capacidad debido a la obstaculización del transporte llevada a cabo en los últimos días por parte de los piquetes. La Diputación calcula que hay unas 3.300 toneladas de residuos acumuladas en las calles de los municipios afectados.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró que la autoridad sanitaria hará prevalecer el principio de salud ante cualquier otro derecho, de forma que instará a la recogida de residuos en los municipios granadinos afectados por la huelga de basura en los que se aprecien riesgos para los vecinos.
Montero, que participó en Granada en unas jornadas sobre inspecciones sanitarias, explicó que su Consejería recibe diariamente dos informes sobre la situación en la que están los pueblos afectados por la huelga y subrayó que, por el momento, ninguno ha alertado de riesgo para la salud de los habitantes.
"La Consejería va a garantizar siempre la salud de todos los ciudadanos residentes en Andalucía porque el principio de salud está por encima de cualquier otro derecho", dijo Montero, quien aseguró que cuando exista un informe que alerte de una situación de insalubridad "la autoridad sanitaria instará para que urgentemente se tomen medidas y se recojan las basuras que pudieran provocar un problema de salud pública".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de junio de 2005