La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a dos ciudadanos marroquíes, A.M., de 35 años, y H.E., de 31, como presuntos patrones de la embarcación neumática de nueve metros que fue interceptada la tarde del pasado miércoles frente a la costa de Barbate con 65 inmigrantes subsaharianos y magrebíes a bordo. En este contingente viajaban cinco bebés de entre dos y 17 meses y 18 mujeres, cuatro de ellas embarazadas. Los detenidos ingresaron ayer en prisión como supuestos autores materiales de un delito continuado contra la libertad y la seguridad de los ciudadanos extranjeros.
Agentes de la Guardia Civil también detuvieron ayer en Arcos de la Frontera (Cádiz) a un ciudadano español, J. B. P., natural de Granada, de 39 años, porque transportaba en una furgoneta a un ciudadano rumano de 34 años que se encontraba ilegalmente en territorio español.
Asimismo, la Policía Local de La Línea de la Concepción detuvo a un inmigrante indocumentado, de origen tunecino, que viajaba en los bajos de un autobús que hacía el recorrido Algeciras-Gibraltar.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, saludó estas detenciones y las enmarcó en la "labor fundamental" que desarrolla el Gobierno central, del PSOE, para combatir las mafias que trafican con inmigrantes. "El objetivo es buscar la responsabilidad y atracar a las organizaciones que organizan estos traslados mercenarios", dijo.
El número de embarcaciones con inmigrantes clandestinos que llegaron a las costas españolas en el primer trimestre de 2005 descendió un 60% con respecto al mismo periodo de 2004, según dijo ayer Saucedo.
En 2004 llegaron a la provincia de Cádiz 55 embarcaciones menos que el año anterior, pasando de 130 a 75. Igualmente pasó en cuanto a ocupantes detenidos, ya que pasó de los 5.035 de 2003 a 1.295 en 2004.
El delegado del Subdelegado del Gobierno resaltó el ascenso "sustancial" de los fondos destinados a las ONG para la atención a los inmigrantes, "fundamentalmente Cruz Roja, que son los primeros que hacen la asistencia". Según dijo, se ha pasado de 400.000 euros en 2004 a 2.400.000 euros en 2005.
Además, según Saucedo, se están destinando fondos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -3.113.000 euros este año- a programas de asistencia a inmigrantes. "Atención a las víctimas del tráfico y ataque a los organizadores de ese tráfico". Ésta es, según Sebastián Saucedo, "la política del Gobierno en materia de inmigración".
La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, lamentó garantizó la protección a todas la personas, independientemente de su regularización, y "el mayor celo" posible por parte de la Administración con los menores inmigrantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de junio de 2005