Bien es cierto que es ahora cuando los ciudadanos más están tomando parte activa de las decisiones de sus Estados en la escena internacional, pues entonces, ha de ser ahora, mejor que mañana, cuando esta Unión Europea, tocada pero no hundida como la pintan algunos, se ha de medir por las necesidades de sus verdaderos actores, los ciudadanos.
Pero esto no es una crisis, se trata de una oportunidad que se presenta a tiempo.- Gimena González Asensio. León.
En la sección de Opinión de ayer, viernes 17 de junio, aparece un editorial titulado Situación insostenible, en el que se refiere a la trágica muerte de una adolescente en un centro de menores en Canarias. En él se alude a un informe del Diputado del Común que recoge una serie de deficiencias en estos centros a las que deberá hacer frente el Gobierno canario, responsable de las competencias en esta materia. El Ejecutivo insular ha anunciado un "plan de choque" y desde el Ministerio de Justicia se ha ofrecido en esta legislatura colaboración para ayudar a todas las comunidades autónomas a subsanar esos problemas.
Posteriormente se apuntan las quejas planteadas hace tiempo por personal de los centros para menores de Cataluña, al año de entrar en vigor la Ley del Menor (2001). A lo que se añade: "Y todavía está pendiente de elaboración el correspondiente reglamento". Es en este punto donde debo decir que este Gobierno se impuso como una de sus prioridades establecer esa norma, la cual se aprobó en Consejo de Ministros a los cuatro meses de llegar al poder, el 30 de julio de 2004, habiendo entrado en vigor el 29 de febrero de 2005.
Este reglamento fue consensuado con las comunidades autónomas que, efectivamente, llevaban años reclamándolo y, para su elaboración, también fueron consultados los distintos agentes que trabajan en los centros de menores. Esta normativa, entre otras cosas, estableció el régimen de derechos y obligaciones de los menores internados, y respaldó a los profesionales responsables de los centros, al detallar las sanciones disciplinarias que se pueden imponer a los infractores, siempre respetando sus derechos legales y constitucionales. Por tanto, la tarea reglamentaria por parte del Ejecutivo está hecha.
Debo añadir, además, que habiéndose detectado determinados problemas de aplicación en la Ley del Menor, lo próximo será la reforma de algunos de sus artículos, algo que ya se contemplaba en el Programa de Gobierno para esta legislatura. Se pretende responder, precisamente, a algunos de los problemas que se han visto en estos años de puesta en práctica de la legislación vigente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de junio de 2005