Es de sobra conocido que los funcionarios de Justicia en Andalucía (oficiales, auxiliares y agentes) estamos de reivindicaciones, y ante la incomprensión que siempre acarrean las huelgas de funcionarios para la gente, con esta carta pretendemos dar una visión global de la cuestión.
Movilizaciones en Justicia a este nivel no se recuerdan desde hace más de 15 años, en parte debido a que nuestro colectivo se encuentra disperso y fraccionado en los distintos Partidos Judiciales y por lo general es poco conflictivo porque es consciente que el hacer paros o huelgas incide en todo el trabajo de los órganos judiciales con el consiguiente perjuicio para la gente.
Sin embargo ahora se ha conseguido la unión de todos y los motivos podemos resumirlos así: Desde que los distintos gobiernos se inventaron las congelaciones salariales a los funcionarios nuestro poder adquisitivo ha caído en picado y las subidas de sueldo anuales nunca han superado o igualado el IPC. En cambio, a jueces, secretarios, fiscales y forenses no les ha hecho falta actualizaciones.
Con el nuevo estatuto jurídico, paradójicamente subiendo todos los cuerpos un escalón en sus respectivas categorías con más funciones y responsabilidades, no se acompaña en absoluto con un aumento real en las retribuciones.
Con las transferencias de las competencias de Justicia a las CC AA, seguimos siendo cuerpos nacionales y el Ministerio de Justicia fija nuestros salarios, si bien las respectivas CC AA tienen competencias para fijar un complemento, siendo el de Andalucía el más bajo de todos y que, además, va a desaparecer en diciembre de este año, produciéndose un grave agravio comparativo con el resto de comunidades.
Con las transferencias, ahora dependemos de la Junta a nivel de gestión de nuestro régimen jurídico, pretendiendo aplicarnos las partes de su normativa que más le interesan, y siempre en nuestro perjuicio, obviando las más beneficiosas por su carácter social (jornada de 35 horas, aumento del tiempo de los permisos de maternidad...) que sí son generales para el resto de funcionarios autonómicos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de junio de 2005