EL PAÍS del 21 de junio informaba de que 56 bancos y cajas de Cataluña cometen irregularidades, como cláusulas abusivas e ilegales en sus contratos, información deficiente sobre sus precios, carencia de hojas de reclamaciones y uso de una letra minúscula. No hay datos de los beneficios así obtenidos, pero cabe pensar que han sido superiores a los 3.000 euros que se impondrán como sanción a la mayoría. Hay dos entidades financieras en Cataluña que no las cometen. En una comunidad en la que no se había realizado ninguna inspección, esta posición no sólo responde a un cumplimiento estricto y voluntario de la legalidad, sino también a una posición ética intachable, que debe de haber afectado a su competitividad.
No consta la relación de las entidades y sus irregularidades, y tampoco el nombre de las dos no sancionadas. Pero, puesto que bancos y cajas son entidades rigurosas en el cobro de las deudas, estrictas en el cumplimiento de los contratos e inflexibles con los morosos, sería conveniente disponer de esta información o, por lo menos, saber quién no la facilita, porque 3.000 euros y la ocultación de sus nombres difícilmente disuadirá a quien obtiene tan importantes beneficios con estas prácticas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de junio de 2005