Manuel Fraga Iribarne lleva tantos años en el poder, renunciando prácticamente a su vida personal y haciendo gala de austeridad, que ni siquiera tiene un domicilio en la ciudad donde vive, Santiago. Sólo cuenta con su casa de verano en Perbes. La situación personal del todavía presidente, de 82 años, cuando abandone el cargo no sólo preocupa a los dirigentes del PP sino a los responsables del futuro Gobierno de coalición. Tanto, que Emilio Pérez Touriño, el futuro jefe del Ejecutivo, está meditando ya el modo de otorgar algún tipo de rango institucional al que ha ejercido como presidente de la Xunta en los últimos 15 años.
La idea que meditan los dirigentes del PSdeG, y que ya se había estudiado antes de las elecciones, es la creación de la figura institucional de los ex presidentes de la Xunta. Con ello, Fraga gozaría de ciertos privilegios, en línea con el respeto de su figura que Touriño ha querido marcar desde el principio. De hecho, el líder del PSdeG tuvo que enfrentarse a los abucheos de sus militantes cuando, en la noche electoral, reconoció la trayectoria del presidente gallego durante los últimos 15 años.
Touriño también ha agradecido la "elegancia" de Fraga al ordenar que no se impugnen los resultados electorales.
Los dos predecesores de Fraga en la presidencia de la Xunta, el popular Xerardo Fernández Albor y el socialista Fernando González Laxe, no han disfrutado de ninguna distinción especial.
Más de 2.000 contratados
El inminente cambio de Gobierno ha puesto en situación de provisionalidad a más de 2.000 contratados de la Administración gallega, entre altos cargos, personal de confianza y funcionarios con responsabilidades conferidas por el Gobierno, según cálculos de los sindicatos. El relevo en el Ejecutivo no sólo afecta a los puestos con más contenido político, como los consejeros o los directores generales, o a los asesores personales de éstos, como es el caso de los contratados para sus servicios de prensa. El cambio político puede llegar incluso hasta determinados jefes de servicio o las cúpulas directivas de los hospitales públicos, designados discrecionalmente por los responsables políticos de cada departamento.
Los más directamente afectados por la llegada de la izquierda al Gobierno gallego serán los 164 altos cargos, categoría que engloba a consejeros, directores generales y delegados provinciales, además de otras 170 personas que trabajaban en sus gabinetes de asesores. Según Xan Carlos Ansia, presidente del comité de personal de la Xunta, hay además otros 966 funcionarios que, aunque tienen plaza fija en la Administración, ocupan diversos cargos que obtuvieron por el sistema de libre designación, y otro millar, aproximadamente, que desempeña puestos en organismos autónomos, institutos y fundaciones públicas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de junio de 2005